El Ayuntamiento de Alicante rechaza acoger menores migrantes que «trata de imponer» el Gobierno: «No tenemos recursos»

Así lo ha anunciado el ejecutivo local de Luis Barcala este viernes en un comunicado, horas después de que Vox, grupo de la oposición liderado por Carmen Robledillo, haya amenazado al primer edil 'popular' con «romper» pactos y «cualquier negociación posible», incluida la de los presupuestos municipales de 2026, si la capital alicantina acoge a estas personas.

Por su parte, desde el grupo municipal Vox, después de que el equipo de gobierno del PP haya dado a conocer su posicionamiento sobre esta cuestión, han manifestado: «Agradecemos que impere el sentido común y los intereses de los alicantinos por encima de las ansias socialistas de invasión migratoria ilegal».

Cutanda (PP) ha explicado que el Ayuntamiento de Alicante «ha tenido conocimiento» este jueves de la carta remitida por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, en la que, tras exponer la situación actual de «sobreocupación» del sistema de protección de menores autonómico, solicita «conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados» que, según el consistorio, «impone el reparto autonómico establecido por el Gobierno central».

«El Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, pero, en este caso, no vamos a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no disponemos de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados, al no ser competencia municipal», expone la portavoz.

En este sentido, Cutanda ha indicado que el gobierno local del PP en el consistorio respalda «plenamente» la «postura de rechazo del Consell respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados, una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones» a las que «se exige que se hagan cargo de estos menores».

Desde la oposición de izquierdas, la portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha señalado que «el alcalde ataca al Gobierno para tapar su debilidad ante Vox». «Barcala vuelve a agachar la cabeza ante la ultraderecha y ataca al Gobierno central pero no señala a Mazón, que es quien ha pedido colaboración a los municipios a pesar de que la competencia para brindar una vida digna a los menores es de la propia Generalitat», ha apuntado.

«No sabemos si Barcala ha hablado ya con Mazón para anunciarle que Alicante cierra sus puertas a la colaboración que le ha pedido la Generalitat. Lo que sí está claro es que Barcala ha vuelto a claudicar ante Vox, dando la espalda a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio, lo que denota una crueldad inaceptable», ha añadido en declaraciones distribuidas a la prensa.

Por su parte, la concejala de Compromís Sara Llobell, ante la negativa del consistorio a acoger a estas personas, ha afirmado que Alicante «siempre ha sido una ciudad acogedora y solidaria». «No podemos permitir que los discursos de odio y xenófobos marquen la política municipal. Vox no gobierna esta ciudad. Pedimos a Barcala, a Mazón y al Gobierno de España coordinación, planificación y recursos para estos menores. Alicante tiene capacidad para acoger menores, dentro de ser una ciudad europea, moderna y del siglo XXI», ha apuntado.

En declaraciones distribuidas a los medios, ha dicho que «basta ya de discursos de odio, generalizaciones y racismo» y ha incidido en que el primer edil del PP tendrá «todo» el «apoyo» de la coalición valencianista «ante cada retroceso, recorte y vulneración de derechos que plantea Vox». «El gran problema de nuestra ciudad es el abandono total de los barrios, la falta de recursos, servicios públicos y políticas de cohesión del gobierno de Barcala», ha concluido.

De otro lado, EU-Podem, a través de un comunicado, ha manifestado su «más absoluto rechazo a la decisión del equipo de gobierno municipal, liderado por el PP y apoyado por sus socios de la ultraderecha» de Vox, «de no colaborar en la acogida de menores inmigrantes no acompañados, en respuesta a la solicitud de la Generalitat Valenciana dentro del marco de reparto estatal».

Y ha agregado que la negativa del consistorio, «excusada en una supuesta »falta de recursos residenciales propios« y en que »no es competencia municipal«, es una decisión profundamente insolidaria, irresponsable y carente de sensibilidad humana y social ante una situación de emergencia que afecta a menores en situación de extrema vulnerabilidad».

«Es especialmente grave que desde el gobierno municipal se utilicen términos como »imposición« o »decisión unilateral« para referirse a un esfuerzo de coordinación institucional, cuyo objetivo es garantizar los derechos fundamentales de niños y niñas que huyen de contextos de violencia, pobreza o desprotección. Lejos de imponer, el Gobierno central ha apelado a la solidaridad y corresponsabilidad territorial para responder a una realidad que afecta a todo el país», ha recalcado EU-Podem.

La coalición considera que el argumento del PP municipal de que esta acogida «no es competencia» de la administración local «no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad moral y política». «Son muchas las ocasiones en que los ayuntamientos, incluidos los gobernados por el PP, asumen competencias impropias en múltiples ámbitos. ¿Por qué no hacerlo cuando se trata de proteger a menores desamparados?», ha destacado.

«Reivindicamos una acogida digna, solidaria y planificada de todos los menores no acompañados, con recursos adecuados y acompañamiento integral. Exigimos al equipo de gobierno del PP que deje de utilizar la inmigración como arma política, promoviendo discursos que generan miedo, rechazo y división social», ha sentenciado.

Y ha concluido: «Una ciudad como Alicante, abierta, plural y diversa, no puede cerrar la puerta a quienes más nos necesitan, y mucho menos a menores que llegan solos, buscando un futuro digno y seguro. La solidaridad no es una opción, es un deber ético, político y legal».