El portavoz del PSOE en Valencia defiende como abogado al líder de la trama que corrompió a su partido

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ya investiga a sesenta personas, en una causa originada hace cinco años, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

Los populares están a la espera de conocer el futuro judicial de uno de sus diputados autonómicos y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Jorge Bellver , señalado por la juez -que solicitará su imputación al TSJ por su condición de aforado- por los lujosos regalos que recibió de la trama durante su etapa al frente del área municipal de Urbanismo en la capital del Turia. También se muestran cautos respecto a lo relativo al círculo de la exalcaldesa Rita Barberá, cuyo legado vienen tiempo reivindicando.

Su número dos, Alfonso Grau recibió supuestamente más de dos millones de euros en mordidas, además de un piso de lujo en el centro de la capital del Turia, un local, un bajo y un garaje. El cuñado de la exprimer edil fallecida José María Corbín consiguió, al parecer, más de 600.000 euros por abrir la puerta de los despachos del Ayuntamiento a la trama. La secretaria general del PPCV y síndica parlamentaria, María José Catalá, señalaba este miércoles que nadie de su partido ha tenido acceso al sumario del caso.

Su homólogo en el parlamento autonómico, sí. Manolo Mata , portavoz del grupo socialista en las Cortes, mano derecha de Ximo Puig y una de las voces autorizadas del PSPV, ejerce como codefensor del presunto cabecilla de Azud en los tribunales. Los investigadores consideran que el promotor inmobiliario Jaime Febrer, a través de sus empresas, tejió una red entre 1999 y 2013 para obtener contratos y adjudicaciones. Con el pago de «comisiones ilícitas», bien en metálico o a través de facturaciones ficticias, a diferentes cargos públicos, funcionarios y abogados -por sus influencias- fue «colonizando» instituciones . Para ello creó una «estructura personal y societaria» con la que se llegaron a generar siete millones de euros.

Un modus operandi al que se unió «toda una operativa continuada en el tiempo de regalos a altos cargos y funcionarios de la Administración, que excedían los usos convencionales al objeto de favorecer, no obstaculizar o simplemente silenciar a dichas personas» para favorecer sus negocios.

Mata renunció a la dedicación exclusiva para poder compaginar su faceta como síndic con la de abogado y tuvo que confirmar públicamente que defendía a Febrer -junto al letrado Miguel Vergara- tras una polémica visita con el coche oficial a la prisión de Picassent, de la que el constructor ya salió en libertad provisional.

Pese a que desde el partido, de cara a la galería, defienden el talante y la independencia de su número dos en sus dos facetas, a nivel interno la situación en la que queda el vicesecretario general de los socialistas valencianos genera bastante incomodidad . También entre sus socios de Gobierno en la Generalitat que preside Puig. En Compromís echan balones fuera y prefieren no entrar a valorar el asunto que la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha calificado como «un poco raro»: «Es su problema, Mata sabrá lo que hace. Yo ahí no puedo interferir. Habrá que preguntarle a Mata».

No hay impedimento legal ni conflicto de intereses para desempeñar su labor de penalista, puesto que en esa época no ejercía la política todavía. Él mismo ha defendido que actúa en base a su vocación profesional y no por orden del partido, aunque a partir de ahora será complicado distinguir ambas realidades. El levantamiento parcial del secreto de sumario ha revelado que las conexiones de Azud con la formación van más allá de las mordidas que supuestamente cobraron cargos socialistas.

Según la declaración de uno de los testigos de la causa, el PSPV-PSOE ordenó a una de las empresas de la trama -Gigante Edificaciones y Obras- que pagara el buzoneo del partido regionalista de derechas Unión Valenciana en la campaña para las elecciones de 2007. En esos comicios Joan Ignasi Pla fue cabeza de cartel de los socialistas a la Generalitat.

Los 102.080 euros que costaron esos trabajos -se enviaron más de un millón de papeletas- los abonó esta constructora a petición del entonces gerente del PSPV, Paco Martínez. El intento de desgastar al PP no salió bien, pues los populares consiguieron su mejor resultado histórico en las autonómicas, mientras Unión Valenciana no obtuvo representación.

A ello se suma que Rafael Rubio , exedil en el Ayuntamiento de Valencia y subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez hasta su detención en mayo de 2021, cobró 300.000 euros, supuestamente, para no entorpecer una operación inmobiliaria. Fue una de las jugadas en las que intervino uno de los conseguidores de la trama, el abogado José Luis Vera , vinculado al mismo partido, que se embolsó según los investigadores, 1,3 millones de euros. Otro de los imputados en esta causa es Pepe Cataluña , histórico responsable de finanzas del socialismo valenciano.

Vera, actual jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra -empresa pública de la Diputación de Valencia, que gobiernan los socialistas con Compromís-, se encargaba de «posibilitar y materializar» negocios «en aquellas administraciones públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido». Estaba casado con una diputada autonómica y fue director general de Consumo con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat.

De hecho, del relato que hace la juez se extrae que llegó a cobrar 150.000 euros por organizar una comida entre Febrer, Cataluña y Rubio para que este último, en la oposición, no pusiera escollos a una ventajosa operación inmobiliaria que el promotor tenía en marcha con el consistorio.

Además, uno de los informes de la Fiscalía Anticorrupción incluidos en la causa constata que Jaime Febrer , pagó «gastos electorales» en Xixona, Burjassot y Benicàssim como parte de los sobornos para conseguir contratos públicos, tal y como le habrían solicitado Vera, Cataluña y Rubio. Los dos últimos fueron suspendidos de militancia y el PSOE les abrió expediente. El Ministerio Público pone el foco en la «evidente relación» y los «contactos mantenidos» entre Febrer y Cataluña «durante las fechas cercanas al periodo electoral» .