Los 3.000 niños de Ucrania refugiados en Torrevieja no estudian en español por la imposición del valenciano

Una decena de asociaciones de docentes españolas han expuesto con este ejemplo elocuente este miércoles en el Parlamento Europeo la «discriminación« que consideran que sufren miles de familias -más de 600.000 alumnos en la Comunidad Valenciana- Cataluña, el País Vasco y Navarra al negarles su derecho al acceso a la enseñanza en su lengua materna.

A modo de «anécdota», la plataforma expone que «ni siquiera los 3.000 niños ucranianos refugiados en Torrevieja se van a librar de esta locura y todos ellos han sido escolarizados también en valenciano, una lengua que, obviamente no les sirve de mucho en una localidad donde nadie la habla y pocos la comprenden». De hecho, en los estudios que periódicamente realiza la Generalitat Valenciana, este municipio se encuentra a la cola en los niveles de uso y conocimientos del idioma.

Otro dato aportado en Bruselas en este acto es que en la capital de Castellón ya no existe oferta educativa con la lengua vehicular en castellano, una realidad que anticipa -según estos profesores- la evolución «inexorable» que persiguen los nacionalistas en el Gobierno de Ximo Puig para el conjunto de la Comunidad Valenciana.

«Es curioso observar que siendo uno de los objetivos más anhelados de la Unión Europea facilitar la circulación de sus ciudadanos, se encuentra con que un país miembro levanta barreras lingüísticas interiores a sus propios ciudadanos, esa barrera es el requisito lingüístico», relatan para alertar a las instituciones comunitarias.

«Por culpa del requisito lingüístico muchos españoles no pueden trabajar en los territorios de nuestra Comunidad, en algunos casos porque carecen del título en valenciano, en otros porque no desean hacerlo para no someter a sus hijos a un más que seguro fracaso escolar dado que, indistintamente de que acaben de llegar de otros rincones de España, se les va a impedir seguir los estudios en su lengua materna, que es la lengua oficial de España. El requisito es un arancel a la movilidad laboral», detallan, acerca de las consecuencias de la exigencia del título que acredite el conocimiento idiomático.

Sin esta cualificación, «prácticamente es imposible trabajar», subrayan, además de alertar de que «actualmente el Gobierno [de Ximo Puig] está elaborando una ley para extenderlo a toda la función pública».

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, integrante de la decena de entidades que han acudido a Bruselas, deja claro su respeto por quienes quieran estudiar en valenciano y su libre elección, además de resaltar la riqueza que representa esta lengua: «Toda esta imposición obedece a un objetivo, paradójicamente loable, que es proteger el valenciano, un instrumento intangible de incalculable valor cultural, literario, histórico y artístico, que puede y debe ser protegido por las administraciones; el problema radica en los mecanismos que se utilizan para protegerlo».

Para hacer comprender el sinsentido de la imposición, comparan con que se obligara a asistir a los actos religiosos en la Catedral de Bruselas para proteger esta pieza del patrimonio.

Finalmente, apelan a los criterios estrictamente pedagógicos que muestran cómo los alumnos que no aprenden en su lengua materna tienen un rendimiento inferior en ciencias y en comprensión lectora, algo que ha quedado patente en estudios realizados en Cataluña.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la citada plataforma ha repasado los antecedentes de esta progresiva imposición lingüística, contra la que las familias han presentado más de 900 recursos de alzada y cuatro contenciosos contra la Administración educativa.