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«Más de 600.000 alumnos valencianos son privados de estudiar en su lengua materna que es el español»

Una decena de asociaciones de docentes y familias protestan en Bruselas por la discriminación en las autonomías bilingües

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Familias acuden a un colegio en Alicante. JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

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Las quejas por la discriminación lingüística a castellanohablantes en las comunidades con dos idiomas oficiales en España llegan este 12 de octubre -con el simbolismo de la fiesta nacional, precisamente- por primera vez a Bruselas, en una protesta conjunta organizada por una decena de asociaciones de docentes y familias.

La manifestación frente al Parlamento Europeo se presenta como un acto en «contra de la discriminación por razones de lengua en España y en Europa»

Cartel anunciador del acto en Bruselas. ABC

De la mano del grupo Renew, estas asociaciones denunciarán la exclusión del español de la enseñanza en España. «Miles de alumnos en nuestro país son privados de estudiar en su lengua materna cuando esta es oficial y mayoritaria en estos territorios«, anuncian desde la organización. En el caso de la Comunidad Valenciana, desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística cifran esa situación en «más de 600.000 alumnos» de castellanohablantes sobre una población escolar total que supera el millón de escolares.

«Problema extendido desde Cataluña»

El acto en Bruselas pretende «poner el foco sobre un problema, enquistado en Cataluña, que de ha extendido ya a Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco».

Como anticipo del mensaje que van a transmitir con la esperanza de concienciar a las autoridades comunitarias, los coordinadores de este encuentro señalan «el incumplimiento del marco constitucional, la vulneración de derechos fundamentales, la creación de barreras lingüísticas que limitan movimientos dentro de España y con el resto de Europa«.

Asimismo, subrayan que «la voluntad de las asociaciones participantes es alertar a las instituciones europeas de un problema que va más allá del ámbito educativo y afecta al Estado de derecho y el derecho efectivo a la justicia».

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