Clamor en la Policía y la Guardia Civil contra las cesiones a Cataluña en inmigración

Duro comunicado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional ha tildado de «escandaloso» e «ilegal» el acuerdo entre el PSOE y Junts para conceder a los Mossos el control de fronteras. Este pacto es también «indignante» -dicen- por «su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo».

En esa línea, desde el SUP han alertado de que el acuerdo PSOE-Junts es «manifiestamente ilegal» puesto que «vulnera diferentes leyes», desde la Constitución a la Ley de Extranjería, pasando por la normativa común europea en varias materias y, especialmente, en lo concerniente a seguridad, extranjería y control de fronteras.

Han avanzado así que mantendrán su batalla contra este «delirio independentista» y que «si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos», no tendrán reparos en hacerlo. «Hay que frenar por todos los medios el atropello a nuestra Constitución y al resto de leyes afectadas», han manifestado en un escrito.

En otro comunicado, el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la «cesión ilegal» de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña y ha exigido al mismo tiempo la dimisión de Marlaska «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional».

El sindicato considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos». «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», ha criticado.

Según Jupol, se trata de una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo». En este sentido, el sindicato policial avanza que sus servicio jurídicos van a estudiar todas las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado, por su parte, que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya permitido «saltar por los aires» el consenso con sus predecesores para entregar a Cataluña las competencias en inmigración, que incluye la gestión por parte de los Mossos de la seguridad en puertos y aeropuertos.

A juicio de la organización, esta cesión «constituye un golpe mortal» para los cometidos que la Policía Nacional desarrolla en Cataluña y hace peligrar su «futuro como garantes» de la seguridad ciudadana y del control de fronteras. Por eso, han incidido, Grande-Marlaska «debería dimitir por dignidad y coherencia».

«La incorporación de los Mossos a esos cometidos -puertos, aeropuertos, fronteras, CIE's- no obedece a un análisis de necesidades operativas o de un pacto de Estado para la modificación del modelo de seguridad pública de nuestro país. Al contrario, está relacionada con la aritmética parlamentaria y con el permanente chantaje competencial que los independentistas catalanes imponen en todas sus negociaciones. La obsesión de estos últimos con expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña roza lo patológico y demuestra que la seguridad de los catalanes es lo de menos», ha denunciado la CEP en un comunicado.

Desde la Guardia Civil, AUGC ha denunciado también el acuerdo con Junts. «La seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración», han apuntado en un comunicado.

«Recordamos que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político», añaden desde AUGC, que defiende que la competencia en materia de inmigración «está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil».

La asociación ha anunciado que defenderá por todos los medios a su alcance la presencia del instituto armado en Cataluña en el marco de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Jucil, por su parte, se ha remitido a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lamentar que el Gobierno permita una «estrategia planificada para desmantelar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña».

«Suponen de facto el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional», han continuado, mostrando su recelo al acuerdo con Junts en el que habla de «delegación de competencias». Entiende que «las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español», han alertado.

Esta asociación de guardias civiles recuerda que ya hay recursos judiciales contra otras decisiones acordadas en la Junta de Seguridad de Cataluña como el traspaso de competencias en protección de la naturaleza, en detrimento del Seprona de la Guardia Civil.