El Gobierno niega la mayor: «No se cede el control de fronteras»

Para Saiz, «los Mossos D'Esquadra estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley, en colaboración y coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiero ser muy clara». En todo momento, ambas ministras han asegurado que lo pactado con Junts es una «delegación» de competencias al amparo de los artículos 149 y 150.2 de la Constitución, que Alegría ha leído en su literalidad. El segundo permite la transferencia o delegación de determinadas competencias «que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

Saiz se ha remontado hasta 1992 para argumentar que ya desde entonces la sociedad catalana «tenía una voluntad de asumir la competencia en materia migratoria». Todo ello en una comunidad que hace frontera con Francia y en la que, según ha recordado la ministra, el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y un 25% origen extranjero.

La ministra, además, ha asegurado que en la gestión migratoria es muy importante el papel de las administraciones autonómicas, «más cercanas» al territorio. Una y otra vez, ha aludido a la proposición presentada conjuntamente por el PSOE y Junts este mismo martes, e incluso a la exposición de motivos, que le ha pedido a los distintos grupos parlamentarios que no pasen por alto.

Sobre la posibilidad de sacar adelante la proposición de ley, que al tratarse de una ley orgánica necesitaría una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, Alegría ha admitido la dificultad de hacerlo con un arco parlamentario que «no ha cambiado». Podemos, por ejemplo, que cuenta con cuatro asientos en la Cámara Baja, ya ha mostrado sus recelos a apoyar la iniciativa. El Gobierno necesitaría la misma mayoría que permitió investir a Pedro Sánchez en noviembre de 2023.