Choque entre letrados del Congreso sobre la legalidad de disolver asociaciones franquistas

Este jurista argumenta que la Carta Magna reconoce el derecho de asociación y solo establece como ilegales aquellas «que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito», prohíbe únicamente a las «secretas y las de carácter paramilitar», y establece que «solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada».

La reforma impulsada por el PSOE introduce una nueva causa de disolución: la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, aunque no sean constitutivas de delito. Este nuevo texto afecta solo a asociaciones y no tendrá implicaciones para la Fundación Franco. Sobre la técnica, Fernández-Fontecha la tilda de «extravagante» ya que la disolución de asociaciones no se introduce en el articulado. «No cabe referirse a una materia tan esencial en una disposición adicional que tiene siempre un carácter dependiente, accesorio e instrumental», carga.

Su posición no ha sido tenida en cuenta. El informe de Gutiérrez Vicén sobre la nueva ley, al que ha tenido acceso ABC, no hizo advertencia o alusión alguna a los diputados de la Constitucional sobre esa posible inconstitucionalidad o los problemas de técnica que denuncia Fernández-Fontecha. En su nota, fechada el pasado 13 de marzo, el anterior letrado mayor se limita a señalar que «cabe entender, entonces, que se quiere definir como causa de extinción un tipo de apología que no constituya delito». A partir de aquí, recuerda que el Código Penal recoge que la apología «solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito», antes de considerar que la reforma socialista «tendría cabida» en la ley orgánica de asociación. «Parece entenderse que aunque se utilicen conceptos recogidos en el Código Penal para definir los llamados delitos de odio, la causa de disolución no se refiere a asociaciones que incluyen entre sus fines actividades que supongan la comisión de estos delitos», razonó Gutiérrez Vicén.

Fernández-Fontecha también asegura que el anterior letrado mayor «nunca consultó» con él la posición sobre esta nueva ley. «Primero se me facilitó y luego se me retiró del correo electrónico, hace menos de dos semanas, el informe con el que no estoy de acuerdo, ni como letrado de las Cortes Generales ni como constitucionalista», acusa. Fuentes de la Presidencia del Congreso lo niegan y aseguran: «Ha tenido la ocasión de tomar la palabra en la ponencia o de hacer un informe. Ha optado por no hacerlo». Sin embargo, este jurista sí elaboró un informe alternativo al que ha tenido acceso ABC y en el que se recoge la inconstitucionalidad que denuncia. Según su versión, la semana pasada y de nuevo este martes por la mañana solicitó al director de Comisiones, Alfonso Cuenca, adjuntarlo como borrador o voto particular y le fue prohibido. Fuentes oficiales de la Cámara insisten en que ese informe «no consta».

Al considerar que la inconstitucionalidad de la nueva ley es manifiesta y no lograr que su posición fuera tenida en cuenta, Fernández-Fontecha decidió solicitar este martes su baja voluntaria de la Comisión Constitucional en un escrito dirigido al actual letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, al que ha tenido acceso ABC y en el que también denuncia estar siendo arrinconado.

«No quiero tener la más mínima responsabilidad ni en esa proposición de ley ni en la inminente ley orgánica de delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que previsiblemente será estudiada por esa comisión y que considero que quebranta absolutamente el sistema de competencias de los artículos 148 y 149 de la Constitución. No me puede exigir que asuma tales responsabilidades ni siquiera como convidado de piedra», alega este jurista. En su escrito de renuncia a la Comisión Constitucional, Fernández-Fontecha también denuncia no tener «actividad alguna» en este órgano desde el nombramiento de Galindo como letrado mayor. «No he sido convocado para asistir a las sesiones más que para la inicial», asegura, señalando como única excepción una reunión de Mesa y Portavoces celebrada el verano pasado. En esta línea, subraya que no se le permite ejercer «ni suplencia» cuando Gutiérrez Vicén no se encuentra en la Cámara Baja. Presidencia del Congreso también lo niega y asegura que «ha sido convocado a todas las reuniones».