El Tribunal de Cuentas rechaza los avales de la Generalitat de Cataluña para los ex altos cargos del 'procés'

Según ha informado el TdC en una nota, la instructora Esperanza García ha acordado «no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas, al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, el delegado instructor debe apreciar para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva».

Tras la decisión adoptada hoy por la delegada instructora y debido a que el plazo para aportar o depositar las fianzas se ha cumplido con «exceso», señala el TdC, se procede, a partir de ahora, al «embargo de los bienes y derechos» de los 28 implicados. El resto, otros seis, «afianzaron correctamente la cantidad correspondiente» o «procedieron al reintegro de la cantidad requerida». Así, los 28 ex altos cargos que presentaron los avales del ICF tendrán que hacer frente con sus bienes a las cantidades que se les reclama. Esta fase es previa a la ejecución de los embargos.

La fianza, establecida en junio por la delegada instructora Esperanza García, es solidaria entre los 34 ex altos cargos afectados en este proceso, en función de sus responsabilidades en el supuesto gasto indebido por el 'procés' en el extranjero y el tiempo que estuvieron ejerciendo esas funciones. Así, por ejemplo, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen que hacer frente a la responsabilidad de 1,9 millones de euros cada uno; Raül Romeva, otros 2,1 millones de euros; y Artur Mas, 2,8 millones de euros.

Estos 5,4 millones de euros se fijaron en la causa que investiga la acción exterior del 'procés', a lo largo de diversos años y varios gobiernos autonómicos, que es paralela a la que investiga el gasto indebido por el referéndum ilegal del 1-O (otros 4,1 millones de euros) y posterior a la que ya se enjuició y está en fase de ejecución relacionada con el 9-N de 2014 (otros 4,9 millones de euros), y que también afecta a Mas, entre otros.

En paralelo, la Sala de Justicia del TdC ha rechazado, también este jueves, según fuentes del organismo fiscalizador, las impugnaciones de algunos de los ex altos cargos contra la instrucción llevada a cabo por García, que fijó la cuantía de los 5,4 millones de euros a devolver, en caso de ser condenados, solidariamente entre los afectados. La misma Sala también ha rechazado la decisión de la delegada instructora de pedir la opinión a la Abogacía del Estado respecto a los avales de la Generalitat, que finalmente acabó por inhibirse .