El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas se inhibe en la decisión de los avales del 'procés'

En un informe, firmado este miércoles y consultado por ABC, García Monteys señala que puede «existir un posible conflicto de intereses» por ser la Abogacía del Estado «también parte en el procedimiento en cuyo marco se ha planteado la petición de informe» de la delegada instructora. Así, se inhibe de la decisión elevándola a la Abogacía General del Estado, a quien García Monteys le pide que responda «a la mayor brevedad posible».

El asunto que plantea a su superior el abogado del Estado ante el TdC es que hasta la fase de la liquidación provisional complementaria de la causa en el TdC que investiga el posible gasto indebido de 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción exterior del 'procés' entre 2011 y 2017, a los que se les reclama una fianza solidaria de 5,4 millones de euros, el Servicio Jurídico del Estado fue parte, en tanto que se consideraba perjudicada.

Sin embargo, a finales de julio, después de que la delegada instructora apartara de la causa a la Abogacía del Estado, al no ser parte perjudicada, García Moreno pidió a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del TdC que solicitara un informe a la Abogacía del Estado ante el TdC, en base al artículo 20.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, antes de decidir si acepta los 29 avales presentados por otros tantos encausados (de 34 en total) que llevan el sello del ICF como fianza legal.

La Generalitat aprobó unos días antes un decreto ley para convertir al ICF en avalista de particulares con dinero público y desvió 10 millones de euros para ello. García Moreno también preguntó a la Abogacía del Estado si los ex altos cargos de la Generalitat, en este caso, se pueden acoger al principio de indemnidad.

García Monteys plantea ahora dudas sobre su actuación a partir de quedar fuera de la causa: «La cuestión que suscita dudas previas a la emisión del informe y que se somete a esa superioridad es si es posible ejercer la función consultiva en relación con cuestiones que se suscitan en procedimientos, en este caso no jurisdiccionales (pues se trata de la fase de instrucción previa a la vía jurisdiccional), en los que la Abogacía del Estado interviene como parte, habiendo evacuado trámites en los que ha promovido la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables».

Y advierte que si emite finalmente el informe solicitado pudiera verse afectada «la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva» y a la posición de la Abogacía del Estado «en el procedimiento en trámite, condicionando el resto de su actuación, y también a la propia tramitación de las actuaciones previas, al poder dar lugar a un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes».

Por ello, García Monteys considera que «pueden existir dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses que impidan la emisión del informe» y apunta que, en su opinión, el artículo 20.3 de la Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que señala que el TdC puede pedir informes a la Abogacía del Estado, no implica «una competencia exclusiva», ni que sea «un derecho del Servicio Jurídico del Estado evacuar estos informes en Derecho».

De esta manera, será Castro, la jefa de la Abogacía General del Estado y nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien tenga la última palabra sobre la elaboración, o no, del informe solicitado por García Moreno, quien decidirá sobre los avales que presentaron, entre otros, Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

García Monteys reconoce igualmente en su informe de este miércoles que el caso es complejo y sustenta parte de su decisión de elevar el caso a su jefa en que es «un asunto de gran complejidad jurídica, por tener una especial transcendencia social, por afectar a un elevado número de interesados y por su especial interés general, así como por su relevancia jurídica y pública».