Torra utiliza los canales oficiales de la Generalitat para anunciar una denuncia privada contra Don Juan Carlos

«El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante las noticias aparecidas estas últimas semanas sobre el rey emérito, ha dado instrucciones para que se estudie la presentación de una denuncia en contra de Juan Carlos de Borbón, de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y de todos aquellos que de una forma u otra hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas en las cuales presuntamente habría estado involucrado el anterior jefe del estado español y su entorno por un tiempo que todavía está por determinar», señala el primer comunicado.

Pasadas las 12.23 horas, en un segundo comunicado, la Oficina del Presidente de la Generalitat ha incluido que Torra ha dado las órdenes "a su defensa", se entiende que privada y que, en los contenciosos judiciales que tiene abiertos el presidente autonómico, dirige el abogado Gonzalo Boye. De esta manera, el presidente de la Generalitat ha utilizado los canales oficiales institucionales y públicos para dar a conocer una iniciativa privada.

Solo unos días después de que la Audiencia Nacional señale al clan Pujol Ferrusola como «organización criminal» por haber creado una trama de presunta corrupción durante varias décadas, alrededor de su posición privilegiada en la Generalitat, y que ayer Pere Aragonès (ERC), número dos del gobierno catalán, dijera que «los Borbones son una organización criminal», Torra mueve ficha.

En opinión del presidente autonómico, «la corrupción se ha de perseguir con independencia de quién participe» y ha recordado que «todo el mundo es igual ante la ley». Torra, según el comunicado de hoy, reconoce «las dificultades de una denuncia de estas características», pero defiende que «no se puede mirar hacia otro lado ante hechos tan graves de los que presuntamente serían responsables no solo el rey emérito, sino un grupo relevante de personas que no tienen inviolabilidad».

Las órdenes de Torra consisten en determinar «la integridad de los hechos», «quién habría participado», «quién ha de responder penalmente» y «quién ha de asumir la responsabilidad civil ex delicto «. De esta manera, el presidente autonómico señala directamente a la Casa del Rey como responsable subsidiario, por ser «una entidad con responsabilidad jurídica propia, con capacidad para obligarse y sin inviolabilidad».