Serra y los dirigentes de Catalunya Caixa, absueltos en el jucio de los sobresueldos

El tribunal considera que los acuerdos aprobados en distintas sesiones del consejo de administración de la entidad, donde se aprobaron importantes incrementos de salario en un momento en que la entidad ya había sido intervenida por el Estado, no son constitutivas del delito de administración desleal y apropiación indebida, como sostenía la Fiscalía .

En una sentencia conocida esta misma mañana, el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma de incrmentar los salarios, ni el proceso que lleva a la misma, por más que señala la evidente situación de recesión, "con notable reducción de los beneficios", en la que se produjeron las decisiones. La Audiencia de Barcelona entiende que los informes existentes en la causa y las testificales no acreditan la existència de elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito .

La Audiencia considera probado que Narcís Serra "lejos de pretender la causación de un perjuicio patrimonial a la entidad (que es lo que requiere el tipo de injusto), perseguía todo lo contrario al procurar garantizar la permanencia del equipo directivo", al que Serra consideraba el mejor preparado para liderar el proyecto de la caja y su fusión.

El delito societario de administración desleal precisa, según afirman los magistrados, que el autor persiga beneficio propio o de un tercero, y ha de causar directo perjuicio, "lo que no puede afirmarse del acusado" Narcís Serra, abunda.

En la sentencia, el tribunal señala que, cuando se produjeron estos aumentos salariales, la crisis económica general ya se manifestaba con intensidad y sumía "en la más cruel zozobra a amplios sectores de la sociedad, singularmente los más desvalidos", con destrucción de puestos de trabajo.

El tribunal, pese a no ver delito, sí constata que los aumentos salariales "resultaban sin duda difícilmente digeribles por la población en el contexto en que se encontraba, completamente zaherida y mortificada como también desolada ante la incertidumbre de una recuperación que en el común de las gentes se sospechaba costosa y, sobre todo, lejana".

Narcís Serra, presidente entre 2005 y 2010 , y Adolf Todó, director general entre 2008 y 2010 –y luego presidente hasta 2013– fueron imputados por aprobar aumentos salariales para la cúpula directiva cuando la entidad era ya insolvente. "Retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia", describió la Fiscalía. 

Los supervisores del Banco de España que declararon durante la instrucción aseguraron haberse enterado por la prensa de los aumentos, legales desde su punto de vista, pero "antiestéticos", dijeron, dada la situación de la entidad.

En paralelo al caso de los sobresueldos, los gestores de la entidad también están imputados por otras operaciones que contribuyeron al agujero de Catalunya Caixa, entre otros, una serie de operaciones de tipo inmobiliarios que no respondían a "una finalidad económica lógica", según el FROB. Entre estos movimientos "ilógicos", 16 operaciones con unas pérdidas de 900 millones.

La factura del FROB en Catalunya Caixa (posteriormente Catalunya Banc) llegó a ser de 12.624 millones , mientras que el BBVA se adjudicó la entidad por 1.187,