El sector inmobiliario de Barcelona lleva al TSJC un plan urbanístico de Colau

El recurso ha sido presentado en concreto por la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y se opone a la modificación del Plan General Metropolitano que el consistorio aprobó a finales de enero para «garantizar la conservación del patrimonio del barrio», como defendió entonces el gobierno municipal.

En concreto, el plan fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida, unos parámetros distintos al resto de la ciudad, en donde se establece la afectación para fincas de como mínimo 600 metros cuadrados. Las entidades que impulsan el recurso lamentan que no se justifica el motivo de esta diferencia.

Por todo ello, critican que la reserva sobre en suelo urbano consolidado «constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo«, y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización. El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan »no aclara la viabilidad real« de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.