Los enchufes de Colau, en el centro de su viacrucis judicial

Aunque en sus ya siete años al frente del ayuntamiento Colau ya ha tenido varios frentes judiciales, nunca hasta ahora la situación le había dejado en un punto tan delicado. Y es que Barcelona no había tenido a ningún alcalde sentado como investigado ante un juez. Ella lo tuvo que hacer a principios de marzo, como avanzó ABC, para declarar por la supuesta concesión de subvenciones y convenios de financiación por parte del ayuntamiento a entidades afines a su formación tras la denuncia de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

En concreto, se están analizando partidas para organizaciones como el Observatorio DESC –donde Colau trabajaba antes de obtener la alcaldía en 2015–, Ingenieros Sin Fronteras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –entidad que fundó y de la que fue durante cinco años su portavoz– y Alianza contra la Pobreza Energética. Todas ellas han estado vinculadas, antes o después, a algunos de sus cargos de confianza. Anteayer mismo la defensa de Colau volvió a pedir el archivo de la causa.

Por si esto fuera poco, la semana pasada la Audiencia de Barcelona reabrió la causa contra Colau por presunta prevaricación administrativa y coacciones al fondo de inversión Vauras Investments, que se querelló contra el ayuntamiento después de ser multado por negarse a ofrecer un alquiler social a un colectivo 'okupa'. Esta misma semana, por sorpresa, el Consistorio ha intentado zanjar este caso revocando las sanciones que impuso a la empresa , como también avanzó ABC, pero Vauras mantiene la querella.

Antes de estos casos, la alcaldesa ya ha tenido otros disgustos, a priori menores, relacionados con los tribunales. Hace poco más de un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) puso el ojo sobre la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del área de Barcelona, una de las medidas estrella de Colau, tras las demandas de colectivos transportistas que pedían suspenderla. Anteayer, el TSJC anunció que no anula por ahora la ZBE por una cuestión procesal.

No menos estelar fue la implantación de ' superilles ' en la ciudad –o lo que es lo mismo, manzanas que se peatonalizan–, un plan desarrollado también por Colau. Hace menos de un mes, la Fiscalía abrió una investigación sobre la futura 'superilla' del Ensanche, cuyo inicio de obras está previsto para junio. La plataforma Salvem Barcelona impulsó la causa, alegando que se carece de los trámites urbanísticos previos.

En la misma línea, la patronal Fomento del Trabajo y la entidad comercial Barcelona Oberta han llevado a la Justicia la reforma de la Vía Layetana , una importante arteria que los de Colau también quieren dejar con el mínimo rastro de coches y que los demandantes critican que tendrá unos gravísimos efectos para la movilidad. Ambas voces anunciaron recursos contencioso-administrativos que el Ayuntamiento de Barcelona cree que no tienen «recorrido».

Aunque algo menos vistosa porque no afecta directamente a Colau, el gobierno municipal tiene una causa comprometida por el bloqueo para que una empresa construyera un hotel de lujo en Barcelona. La concejal Janet Sanz, que capitanea Urbanismo, junto a una decena de técnicos están investigados por coacciones, prevaricación, obstrucción a la Justicia y omisión del deber de perseguir un delito. Algunas voces judiciales ven el caso especialmente difícil para el gobierno municipal.

Antes de estas, Colau se enfrentó a otros litigios que quedaron archivados. La alcaldesa aseguró recientemente que existía una «ofensiva judicial» que la «intimida», pero se mostró absolutamente tranquila y se reafirmó en que todas las acciones municipales que se han puesto en entredicho habían sido transparentes y legales . Buena parte de la oposición no lo ve igual.

Y es que más allá de sus políticas cuestionadas ante la Justicia, muchos ponen en duda las formas de la alcaldesa, especialmente por sus episodios sobre ayudas a colectivos afines o fichajes de personal próximo a su equipo. Además, el hecho de que Colau impulsara a bombo y platillo un Comité de Ética en 2017 y que a día de hoy parezca anestesiado y apenas tenga actividad conocida indigna a la oposición.

El Código Ético y de Conducta del ayuntamiento se presentó como un proyecto pionero en España para fijar y defender los valores éticos y las normas de conducta de todo cargo electo, personal de confianza u otros mandos municipales. Pretendía ser un «cortafuegos en defensa del bien común y en contra de las posibles corruptelas que amenazan la función pública», como defendió entonces el entonces concejal morado Jaume Asens.

De obligado cumplimiento y que incluso podía llegar a comportar sanciones e inhabilitaciones, el reglamento se perfiló con todos los grupos y ponía especial énfasis en el posible provecho que pudieran obtener los cargos de su trabajo. Un equipo formado por cinco miembros externos tenían que velar por la ejecución del reglamento. Entre sus misiones también estaba la de elaborar una memoria anual.

El comité se puso en marcha de manera efectiva en julio de 2018. A finales de 2020 se presentó la primera memoria de la actividad del comité, correspondiente a los años 2018 y 2019, y en la que los autores dejaban claro que no tuvieron «al alcance todos los instrumentos jurídicos necesarios para desarrollar íntegramente su actividad» hasta principios de 2019. Desde entonces, no se ha hecho público ningún otro informe. «El comité tiene pendiente elaborar la memoria de los años 2020 y 2021», reconocen a ABC fuentes municipales, que se escudan en que se trata de «un órgano independiente al que ya hemos solicitado los dos documentos».

A la espera de que estos memorándums lleguen, sí que se han conocido otros tirones de orejas del Comité al gobierno municipal por parte de la oposición. Destacó en marzo de 2021 la crítica contra la exconcejal Gala Pin, que al salir del Ayuntamiento fichó por una fundación que el gobierno municipal había estado subvencionando –algo que denunció Junts– o la reprobación a Colau conocida hace poco más de un mes por haber contratado a dedo a la pareja de una edil –presentado al Comité por Cs y que obtuvo respuesta nueve meses después–.

Por otro lado, hace escasos días el grupo municipal de Junts ha llevado al Comité la compra por parte del Ayuntamiento de un local que es propiedad de Max Cahner, consejero municipal de los comunes, y también la contratación de 17 cargos de confianza de Colau, que se presentaron a una convocatoria que se hizo, según denuncia la formación, «de forma extraordinaria, sin temario, criticada por sindicatos y que puede haber puesto en cuestión la igualdad de oportunidades y el acceso para todo el mundo».

Además, el órgano llegó a mediados de febrero a la comisión de Presidencia del Cosnistorio, donde el PP pidió respetarlo. La medida prosperó con el apoyo unánime de todos los grupos , incluso los que conforman el gobierno y han permitido su poca acción.