Una treintena de entidades de derechos humanos denuncian que el uso de Pegasus supone una amenaza para la democracia

En una rueda de prensa este martes, Anaïs Franquesa , codirectora de Irídia, ha censurado que la ley que regula el marco de actuación del CNI «no cumple los estándares internacionales» por su «vaguedad e indefinición», ya que ésta no indica, «con razonable claridad» el alcance y la manera de ejercer este control para garantizar un grado mínimo de protección a los afectados.

Así, los firmantes reprochan que con este programa espía se accede a todo el contenido de los dispositivos interceptados -comunicaciones, fotos, geolocalización, aplicaciones descargadas- y que se ha utilizado para realizar seguimientos, no solo a los 60 independentistas catalanes , sino a defensores de los derechos humanos y periodistas.

Por ello reclaman a las instituciones públicas una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y garantizar así los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la defensa -en el caso de los abogados espiados, como Gonzalo Boye-y a la libertad de expresión e información.

El texto conjunto recomienda « erradicar el proteccionismo corporativo » para aclarar cómo se llevó a cabo la intervención de los dispositivos de los afectados e insta a tomar medidas de prevención respecto al uso de dispositivos de espionaje estatal y privado. También exige responsabilidades a las empresas que desarrollan y distribuyen dichas tecnologías.

En este sentido, Luca Gervasoni, director de Novact -otra de las entidades que se han adherido al manifiesto- ha alertado sobre la «creciente vigilancia masiva a la población» con tecnologías que nacieron para combatir el crimen organizado y el terrorismo. «Son utilizadas por más de 45 países o instituciones gubernamentales, algunas democracias consolidades, otros dictaduras, para espiar a líderes políticos, activistas, periodistas y abogados», ha señalado.

«El uso masivo de esta tecnología supone gravísimas violaciones de derechos humanos , por la opacidad de las vigilancias. Es un ataque a la democracias», ha advertido.