Quim Torra y Josep Costa llevarán al Supremo a Sánchez y al Gobierno por el espionaje

Torra y Costa han asegurado haber confirmado respectivamente ocho infecciones en 2020 y cuatro en 2019, que a su juicio eran momentos política o judicialmente sensibles. Ambos líderes consideran a Sánchez «como máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español» y al Gobierno por entender que dirige toda la política interior y exterior, y es a quien el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informa de sus actividades.

Por ese motivo, tanto Torra como Costa exigen saber «qué información han obtenido con el espionaje, quién la ha conocido, cuál se ha destruido y cuál se ha conservado« y, de la misma manera, piden al Ejecutivo que desclasifique toda la información y documentación del caso.

Según un comunicado de la oficina del expresidente de este martes, ya han presentado un requerimiento «exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal» y en los próximos diez días presentarán ante el Tribunal Supremo una demanda de protección de los derechos fundamentales contra el presidente y su Gobierno.

Si este procedimiento termina con un recurso de amparo inadmitido o resuelto en el Tribunal Constitucional, prevén presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia). El propio Costa ha barajado en declaraciones radiofónicas que igual tendrán que llegar a este extremo «porque es el único sitio en el que tenemos confianza de encontrar justicia».

El vicepresidente ha añadido en declaraciones a Rac1 que dirigen la demanda contra el Ejecutivo y no la empresa propietaria del software porque «quien hace un mal uso de esta herramienta es quien la utiliza para hacer espionaje«.

Con esta demanda, ambos espiados esperan «conseguir acreditar la vulneración de derechos fundamentales y que se condene a España por ello», además de depurar responsabilidades penalmente. La demanda que presentarán asegura que el uso del software 'Pegasus' supone «una total suspensión de los derechos a la intimidad o privacidad de la vida personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos». Añade que el espionaje «una interferencia absolutamente desproporcionada y sin base legal en los derechos de los afectados».