Puigdemont intenta cercar al Gobierno presionando a la propietaria de Pegasus

La tesis del independentismo es que las escuchas presuntamente ilegales las habría realizado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero asistido por un cuerpo policial. Fuentes de ese entorno consultadas por ABC sostienen que «es imposible que el CNI lo haga solo porque no tiene personal suficiente para escucha r, ver y leer todo lo que pasa por los móviles de más de 50 personas 24 horas al día». Por ello, y siempre según esta hipótesis, el objetivo de Carles Puigdemont y otros líderes soberanistas pasa por identificar a quien está «más arriba».

Se refieren a la denominada ‘state agency’ (agencia estatal) que habría comprado el ‘software’ espía a NSO Group , dado que sólo se puede vender a agencias oficiales. Sostienen que no fue una operación en solitario del CNI –controlado por el Ministerio de Defensa–, sino que también habría pasado por Interior. Apuntan a la Policía Nacional y, con más fuerza, a la Guardia Civil.

En los últimos meses, el equipo legal que ha preparado las querellas –y que también coordinó la elaboración y difusión del informe del Citizen Lab a través del ingeniero informático Elies Campo– ha identificado a varios responsables de NSO así como a empresas subsidiarias que el grupo israelí tiene en distintos países de Europa.

Las querellas no se van a dirigir contra ningún miembro del Ejecutivo español, sino únicamente contra NS O, aunque sí solicitarán que se investigue, lógicamente, quién era el cliente de la empresa israelí. La propietaria del programa espía está atravesando una enorme crisis por las investigaciones que ya hay abiertas en su contra, tanto en Israel como en el Parlamento Europeo, entre otras. «Hay una suerte de desbandada en NSO», sostienen las fuentes consultadas, que confían en que la apertura de las pesquisas en España suponga el envío de comisiones rogatorias a Israel.

Allí el Consejo de Seguridad Nacional, que responde ante el primer ministro, Naftali Bennett, abrió una investigación sobre NSO por distintos espionajes que han afectados a políticos, abogados, periodistas y activistas en varios países del mundo. En este contexto, el equipo de abogados del movimiento independentista, confía en que personal de NSO tenga que identificar a quién vendió en España el programa Pegasus. Creen que las autoridades israelíes colaborarán «con gusto».

Los abogados de Puigdemont y otros presuntamente espiados tienen como baza el informe del Citizen Lab, que certificó intentos de infección en 63 dispositivos móviles , de los que habrían obtenido éxito con 51. Por ello, la acusación irá contra el propietario de Pegasus, el grupo NSO, y desde ahí intentarán escalar. El laboratorio de la Universidad de Toronto reconoce en su informe que no pueden asegurar quién ordenó infectar esos teléfonos móviles. Apuntan al Gobierno de España, pero eso es una deducción [ver información adjunta].

No es tarea sencilla acreditar ese extremo, dado que tanto el CNI como el Ministerio del Interior –el Gobierno en general– tienen en su mano la Ley sobre Secretos Oficiales. El Ejecutivo no remitirá a ningún juzgado información que es secreta porque afecta a la seguridad del Estado. Además, querellarse contra la secretaria de Estado directora del CNI, Paz Esteban, contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, o cualquier otro miembro del Gobierno estaría abocado al fracaso. Al margen de aforamientos, no tienen pruebas para señalar a nadie por encima de NSO.

La estrategia la lidera el abogado Gonzalo Boye , letrado de Carles Puigdemont, que ayer hizo en Barcelona el anuncio de la presentación de varias querellas contra NSO en España y en otros cinco países:Alemania, Suiza, Francia, Bélgica y Portugal, lugares donde estaban los ciudadanos presuntamente espiados. El plan es presentarlas la próxima semana, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC. Boye compareció en un acto organizado por la entidad independentista Òmnium y estuvo acompañado por Andreu Van den Eynde, abogado que, al igual que él, figura entre los infectados con el programa Pegasus y que ha representado a Oriol Junqueras, al expresidente del Parlament Roger Torrent, al exconsejero de la Generalitat Raül Romeva y a Ernest Maragall, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona.

Las querellas que se presentarán en España serán ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que desde hace un año y medio tiene abierta una instrucción sobre el espionaje con Pegasus que habrían sufrido con anterioridad Torrent y Maragall.

Salellas dijo que la querella se dirige contra la empresa como persona jurídica, pero, como decíamos, trabajan sobre nombres concretos. Los querellantes atribuyen a la empresa una presunta falta de diligencia debida en el expediente previo o falta de control en el uso que sus clientes hacían de Pegasus porque «hay licencias con que los Estados no hacían buen uso», informa Ep.

Por su parte, Gonzalo Boye sostuvo que la repercusión de estas querellas « va a ser muy fuerte y muy intensa en términos de circunstancias jurídicas» , también para las causas de independentistas que él lleva en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«Tenemos inmunidad respecto a las defensas que llevamos ante el TJUE y esa inmunidad ha sido violentada, abusada por los autores de este espionaje», dijo al preguntársele por su condición de abogado y a la vez espiado por el ‘Catalangate’, la denominación –cuidadosamente elegida– bajo la que se publicó el informe del Citizen Lab.

Fuentes de la seguridad del Estado aseguran a ABC que «una parte» de las personas que aparecen en el informe del Citizen Lab fueron, efectivamente, espiados, pero con autorización judicial.