Puigdemont pagó a sus abogados con dinero desviado de subvenciones y a través de criptomonedas

Tal como consta en un informe de la Guardia Civil, incluido dentro del sumario, y remitido al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el investigado Jaume Cabaní habría obtenido recursos de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas provenientes de subvenciones públicas que se habrían empleado para sufragar las actividades de Puigdemont.

Según se desprende del sumario de la causa, estos fondos se habrían utilizado, entre otros, para pagar los honorarios de los abogados del expresident, huido de la Justicia por el 'procés ', mediante una transferencia a finales de 2017 a una entidad que permite cambiar bitcoins a euros.

De acuerdo con el instituto armado, los fondos se habrían canalizado a través de la Plataforma, a la que Cabaní emitió una factura de 10.559 euros en agosto de 2017, "enmascarando así el verdadero destino" de los mismos que, para el cuerpo, "no es otro que desarrollar los sistemas tecnológicos e informáticos que permitan la implementación de criptomoneda y de la república digital", informa Efe..

La Guardia Civil considera además que los ingresos percibidos por el informático podrían estar siendo transformados a su vez en criptomonedas que él mismo vendería y con las que se financiaría el desarrollo de la república digital para "escapar de los controles de las autoridades", por lo que podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y otro de blanqueo de capitales .

Cabaní, para quien el juez ha expedido una orden europea de investigación ante el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, se habría trasladado a Bélgica a principios de 2018 y registrado como informático en la denominada Casa de la República, la residencia belga de Puigdemont, quien presuntamente se estaría beneficiando de parte del dinero obtenido de forma irregular mediante entidades intermediarias y con adjudicación de subvenciones, otorgadas por instituciones bajo la dirección de JxCat y la extinta Convergència.

Además de los de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas , Cabaní habría recibido fondos procedentes de la Fundación Barcelona Formación Profesional, la Fundación Bertelsmann, la Agencia d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement -cuyos socios son el Ayutamiento de Vic y el de Manlleu, el Consejo Comarcal de Osona y la Fundación Universitaria Balmes-, la Asociación Units per al Foment de la Cohesió y la Catalantat (AUFCC), Partal Maresma i Associats (Vilaweb) y CatGlobal. En total, añade el informe de la Guardia Civil, los fondos procedentes de esas entidades excederían los 120.000 euros.

La Guardia Civil también concluye, en base a conversaciones telefónicas interceptadas entre los exdirigentes de CDC David Madí y Víctor Terradellas , que Cabaní era el "cerebro" encargado del proyecto de criptomoneda con el que se quería "provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que pudieran disponer en la actualidad o en el futuro" mediante la adquisición de bitcoins con dinero público desviado de corrupción.

Esta "transformación digital" estaría siendo impulsada por el Consell de la República y por Puigdemont, con quien Cabaní mantiene una " estrecha relación ", ocupando incluso una "situación estratégica en la esfera de poder" del expresident, y cuyos trabajos coordinaría en conexión directa con el Departamento de Políticas Digitales, que dirige Jordi Puigneró.

En su informe, el instituto armado resalta también que la digitalización es "una vía de escape al control del Estado" para los dirigentes soberanistas, que pretenderían crear una "administración virtual" para que los ciudadanos pudiesen votar en una Cataluña independiente siguiendo el modelo de Estonia, donde precisamente Cabaní tiene una sociedad.

De este modo, continúa la Guardia Civil, los investigados consideran la criptomoneda como "la vía ideal para lograr sus objetivos", es decir "disponer de financiación, originariamente procedente de fondos públicos , para avanzar hacia la independencia".

Asimismo, recuerda el informe que las cuentas catalanas fueron intervenidas por el Gobierno en 2017 y que los presupuestos de 2018 y 2019 no se pudieron aprobar, por lo que "acudir a la criptomoneda y al enmascaramiento de ciertos casos dentro de subvenciones podría constituir una alternativa con la que implementar aquellas estructuras de estado imprescindibles para garantizar la viabilidad de un eventual estado independiente catalán