A juicio 46 policías por las cargas del 1-O

En su auto, fechado este miércoles, 7 de febrero, el tribunal ha descartado imputar a más funcionarios, tal y como solicitaron las acusaciones populares, que ejercen Irídia y Òmnium Cultural, aunque también ha rechazado archivar la causa contra los imputados, como requirieron algunas defensas, con el apoyo de la Fiscalía. Una decisión que ha tardado más de un año en resolver y por la que no entra a valorar los argumentos de los diferentes recursos -medio centenar- porque son «idénticos en gran parte de su contenido».

Sobre las apelaciones de las defensas -que solicitaron el sobreseimiento parcial del caso-, la Audiencia sostiene que el auto de procesamiento «ofrece una descripción detallada e individualizada de los hechos imputados», de «las personas contra las que se dirige» e indicios de criminalidad que «justifican» la celebración del juicio. Indicios, reza el auto, «que van más allá de simples conjeturas o sospechas del instructor» ya que «se apoyan en diligencias practicadas», básicamente imágenes y vídeos.

Aunque los magistrados admiten que la valoración de las imágenes, al igual que el de la proporcionalidad del uso de la fuerza en cada caso concreto no es «unánime», sostienen que eso deberá dirimirse durante el juicio. «Prueba de que se han valorado las conductas de forma individualizada es que una parte de los jefes de grupo han quedado excluidos de la imputación», abunda el auto, que sostiene además que «no puede justificarse cualquier conducta en la existencia de una orden judicial que provocó la intervención» de los agentes.

Recuerda además, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó impedir la votación «contenía prevenciones de cautela para evitar que la actuación policial pudiera tener efectos lesivos» para los ciudadanos. Omite, eso sí, que a los agentes actuantes no se les notificó dicho auto, sino que obedecieron órdenes de sus superiores sin conocer el contenido exacto del mismo.

Recuerda así la resolución que el instructor consideró que los hechos descritos «van más allá de simples lesiones y apunta claramente que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público al cual se refiere el artículo 175 del Código Penal». Eso sí, «sin que ello suponga asumir la calificación pretendida por algunas acusaciones».

Las acusaciones populares consideran que esta es una resolución muy importante, que «supone un gran paso adelante para la lucha contra la impunidad de una actuación policial», no solo «desproporcionada sino delictiva». A pesar de ello, los agentes, fuesen o no condenados, quedarían bajo el amparo de la futura de ley de amnistía, a no ser que se les juzgue por delitos de torturas, al que, a diferencia de Miralles, la Audiencia no hace referencia. Habrá que esperar a los escritos de acusación.

Fue en enero de 2023, cuando el instructor procesó a los agentes por su actuación en varios colegios de Barcelona durante el referéndum ilegal. Tras investigar la actuación policial en todos los centros de la capital catalana la jornada de la votación, el juez concluyó que solo en dos «no existieron incidentes». En cambio, recogió el listado de lesionados en los 28 restantes, tras la intervención de los funcionarios, por orden judicial.

Entre estos, 12 personas que, según acreditan sendos partes médicos, sufrieron «hematomas», «contusiones» o «contracturas», en el colegio IES Jaume Balmes, de la calle Pau Claris. Otros heridos fueron de mayor gravedad, como A.M.G., que estuvo en una escuela de la calle del Molí y presentaba una «herida por arrancamiento de pabellón auricular de tres centímetros».

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A lo largo de 69 páginas, el juez Miralles recoge las lesiones acreditadas por los votantes, que manifiestan haberlas sufrido durante «cargas policiales» o por actuaciones individuales de algunos de los uniformados. En algunos colegios, como la Escola Mediterrànea, reza el auto, «se observa como los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión».

Señaló así el magistrado que, en las imágenes que recogen la actuación de los antidisturbios en dicho centro, «no puede apreciarse la proporcionalidad exigida al actuar, al no haber hecho ningún intento de información, advertencia o mediación, como sí consta que se hizo en otros colegios el día de los hechos».

Del despliegue en otro de los centros, el Ramon Llull de la calle Consell de Cent, el juez indicó que los vídeos muestran como un agente «coge de forma claramente innecesaria a una persona por el cuello» y la «arrastra». Sobre la actuación del CNP en una escuela del paseo Lluís Companys, el auto reza: «la actuación policial fue claramente desproporcionada en general, tanto para la entrada en el colegio, como para conseguir el acceso a la primera planta. No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las lances escaleras abajo».

En cambio, el magistrado archivó la causa por el despliegue policial en algunos de los centros. Entre éstos, la Escola Projete, en la avenida Tibidabo, al considerar que «los agentes no utilizaron la defensa policial ni otros medios que no fueran el agarre físico» para sacar a los votantes del perímetro en que se encontraban los uniformados.