El juez Aguirre pide a la Audiencia Nacional informes policiales sobre agentes de los servicios secretos rusos en España

Una afirmación que abrió la puerta -aunque el juez no hizo referencia explícita a ello en su auto del pasado enero- a investigar a Puigdemont por alta traición, delito no incluido en la futura ley de amnistía, pese a que el expresidente catalán no está imputado en la citada causa. Entre los investigados en una de las piezas separadas de la operación Voloh, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de CDC; y Alexander Dmitrenko, empresario ruso, afincado en Cataluña.

Ahora Aguirre hace referencia a «informaciones periodísticas» para solicitar información a la Audiencia Nacional. Entre éstas, las publicadas por 'El Confidencial' y 'El Periódico' que afirman que siete integrantes del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU) viajaron a Cataluña entre 2014 y 2019. Según dichas publicaciones, «las razones por las que estos miembros del GRU se trasladaron a Barcelona se desconocen».

La providencia del instructor está fechada el pasado 21 de febrero pero, ayer martes, dos policías personados como acusación en la causa de Tsunami, por las lesiones que sufrieron en los disturbios postsentencia, solicitaron a García- Castellón abrir una investigación sobre la citada trama rusa del 'procés'.

El escrito, del despacho Fuster-Fabra, hacía referencia a las mismas publicaciones y apuntaba que, entre la documentación de la causa, no habían encontrado ningún informe policial relacionado con «supuestas operaciones encubiertas de los miembros del servicio de inteligencia militar de Moscú (GRU)». Por este motivo, los abogados reclamaron librar un oficio la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional «para que informe acerca de los espías rusos (...) que viajaron a Cataluña entre 2014 y 2019».

Fue a finales de enero cuando, tras años de investigación, Aguirre acordó prorrogar la instrucción, sin solicitar informe previo a la Fiscalía, tras hacer referencia a una carta anónima que recibió en el juzgado, con recortes de prensa, que «denuncian» que Puigdemont recibió a un «enviado del presidente de Rusia» apenas «unas horas antes» de que el Parlament votara una resolución para declarar la independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017. Ese individuo sería un «diplomático» que los servicios secretos franceses tenían identificado como «un actor de la diplomacia en la sombra que actuaba a las órdenes del presidente ruso Vladimir Putin».

La defensa de Alay, que ejerce Gonzalo Boye -también abogado de Puigdemont- no solo recurrió el auto, sino que pidió la recusación del juez Aguirre por «falta de imparcialidad», después de que el instructor concediese una entrevista a una televisión alemana, en la que denunció la influencia de Rusia en el proceso independentista catalán. Declaraciones sobre la causa que investiga. Por el momento, ambas peticiones, todavía pendientes de resolución.