En su escrito, consultado por ABC, la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, detalla que, «a parte de todos estos años de prospectiva investigación», el juez «sin el más mínimo viso de imparcialidad ni pudor se permite» apuntar en sus declaraciones a un medio de comunicación que Rusia, con su apoyo al 'procés', pretendía, desestabilizar, «primero, la democracia española» y luego, abrir «la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental».
Para Boye «no es necesario mucho más para acreditar que estamos ante una pérdida absoluta de imparcialidad que, además, es de una intensidad como pocas veces se ha visto: un magistrado concediendo una entrevista sobre un caso que está instruyendo y hablando sobre cuál es su tesis persecutoria, que no investigadora. La falta de imparcialidad es evidente y debe ser apartado, al menos, de la investigación de, como mínimo, el presente procedimiento».
Además, el abogado apunta como segundo motivo para solicitar la recusación «otras muestras de falta absoluta de imparcialidad» como «las groseras manifestaciones del magistrado» cuando tomó declaración, en mayo de 2022, a uno de los investigados, Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de CDC. En dicho interrogatorio, el juez afirmó, que «Puigdemont se cagó en las bragas» o que era «débil y cobarde» y que «huyó en el maletero de un coche en estado de pánico».
«Pocas veces se ha contado con una prueba tan evidente de la falta de imparcialidad, pero, en este caso, unida a un nivel de grosería impropio de la función que desempeña», apunta Boye. Por todo ello, la defensa de Alay considera que Aguirre debe ser apartado de la causa.
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