Colau niega ante la juez las coacciones a un fondo inmobiliario para evitar el desahucio de unos okupas
La alcaldesa de Barcelona reclama a Sánchez la aprobación de la ley para limitar el precio de los alquileres: «Lleva meses paralizada por una cuestión política»
El Ayuntamiento revoca las sanciones al fondo inmobiliario que se querelló contra Colau por coacciones
La Justicia ordena imputar a Colau por coacciones y prevaricación al defender a unos okupas frente a un fondo inmobiliario
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a su llegada a la Ciudad de la Justicia este lunes
Han sido poco más de 10 minutos de declaración, en los que Ada Colau ha negado haber presionado al fondo inmobiliario Vauras para evitar así el desalojo de un edificio ocupado en la capital catalana, el Bloc Llavors. La alcaldesa de Barcelona, investigada ... por presunta prevaricación y coacciones, también ha asegurado este lunes que no intervino en la concesión de licencias de obra, que no dio instrucciones a nadie y que no firmó ninguno de los expedientes sancionadores contra la compañía.
Según Colau, quien propuso sancionar a Vauras, en virtud del decreto ley -entonces vigente- de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña y por el que los grandes propietarios tenían la obligación de ofrecer un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad, fueron los servicios jurídicos del Institut Municipal de l'Habitatge.
«No hay causa. Ya llevamos 11 querellas archivadas. Otros alcaldes de la ciudad fueron denunciados por entidades vecinales, y nosotros por los grandes operadores, que no están acostumbrados a que les paren los pies», ha señalado la edil tras comparecer ante el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona.
Fue el pasado abril cuando la Audiencia reabrió la causa contra Colau, tras admitir de forma parcial el recurso del fondo, después de que el juzgado de instrucción archivase la querella. Señaló así el tribunal que el consistorio pudo recurrir a la «amenaza» contra Vauras, al no concederle licencias de obra, como «mecanismo intimidatorio» para que se «plegase a sus pretensiones»: conceder un alquiler social a los okupas.
Por este motivo, el ayuntamiento impuso sanciones por valor de 400.000 euros a Vauras, pero, tal y como avanzó ABC, menos de una semana después de que la Audiencia imputase a Colau, el consistorio revocó el expediente sancionador que había emitido, y notificó el reintegro de las cantidades embargadas por las seis penalizaciones, que el gobierno municipal no llegó a ejecutar.
«Lo que nos reprocha este fondo buitre es que le hiciésemos cumplir la ley, en este caso, ofreciendo un alquiler social a los que están en situación de vulnerabilidad»
Durante su comparecencia en los juzgados, Colau también ha apuntado que, desde que llegó a la alcaldía, tiene delegadas las funciones en materia de concesión de licencias, al igual que en materia de Vivienda y Derechos Sociales. Tras ello, en una rueda de prensa, la edil ha lamentado: «Lo que nos reprocha este fondo buitre es que le hiciésemos cumplir la ley, en este caso, ofreciendo un alquiler social a los que están en situación de vulnerabilidad y no la cumplió».
La alcaldesa de Barcelona confía en que esta querella «acabará archivada como las 11 precedentes. No me preocupa que un fondo buitre u otro lobby me lleven a los juzgados a declarar, lo que sí me preocupa, y mucho, es que puedan seguir actuando con total impunidad y expulsando a los vecinos de sus inmuebles», ha manifestado.
Colau también ha aprovechado la rueda de prensa para reprochar a Pedro Sánchez el retraso en la aprobación de la ley estatal que limita el precio de los alquileres. «Nos sentimos muy solos desde el Ayuntamiento de Barcelona. Pido a Sánchez que esté al lado de la ciudadanía y que haga que el texto ya redactado llegue al Congreso para frenar la especulación y los abusos inmobiliarios», ha sostenido a dos meses de las elecciones municipales.
Precio del alquiler
Preguntada por esta cuestión, la de este reclamo y la proximidad de los comicios, Colau ha sacado pecho de su compromiso como «activista por el derecho a la vivienda», recordando que en 2016 ya alertó de que «tras la burbuja de las hipotecas llegaría las de los alquileres». «Somos los únicos que nos arriesgamos a que nos pongan querellas, desatendidos por el Gobierno del Estado, con una ley que ya está redactada, por eso pido a Pedro Sánchez que no abandone Barcelona y cumpla con sus compromisos explícitos», ha insistido. Además, la alcaldesa ha acusado a la ministra Nadia Calviño de intentar frenar su aprobación «actuando como portavoz de los lobbies».
La edil no ha sido la única en declarar ante la juez por supuestas coacciones y prevaricación. El pasado viernes lo hicieron los concejales Marc Serra y Lucía Martín, quienes también negaron haber amenazado al fondo. Así, señalaron que fueron representantes de Vauras quienes pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.
Por su parte, la defensa de Colau prevé solicitar el archivo de la causa, mientras que la acusación ya ha solicitado a la juez más diligencias de investigación.
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