Una «carrera de obstáculos» para encontrar a los asesinos de Helena Jubany

Se trata de un análisis, «con técnicas avanzadas», que debía llevar a cabo la Universidad de Santiago de Compostela –el Instituto Nacional de Toxicología (Intox) y la Policía Científica alegaron carecer de medios– para certificar si «las muchas coincidencias de la parte masculina de los dos investigados», halladas entre los restos de la prenda de Helena, «son poco o muy habituales», detalla Joan Jubany. Pero, en vez de realizar esta comparativa, repitieron la que ya había efectuado el Intox, que resultó no concluyente.

Además, la familia todavía espera que la Científica determine si hay «rastros biológicos» en los anónimos que enviaron a Helena semanas antes de su muerte. En caso afirmativo, habrá que analizarlos. Y es que una pericial de los mismos investigadores concluyó que Jiménez era autor, al menos, de parte de ellos.

El abogado de los Jubany, Benet Salellas, formalizó un recurso el pasado 13 de diciembre, para requerir que se realicen ambas pruebas, que el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) ordenó hace más de tres meses. Otra «traba», constata Joan, que sortean con «paciencia e insistencia» para lograr «saber la verdad»: quiénes mataron a Helena.

El cadáver de la bibliotecaria de Sentmenat se localizó el 2 de diciembre de 2001, un día después de desaparecer, en el patio de luces de un edificio de la calle Calvet d'Estrella de Sabadell. La habían arrojado, desnuda, desde la azotea, y tenía algunas quemaduras en el cuerpo. Entonces hubo dos detenidas: Ana Echaguibel y Montserrat Careta. Ésta última vivía en el edificio desde donde arrojaron a Helena. En ocasiones, allí también pernoctaba su pareja: Santiago Laiglesia.

Durante el registro, los investigadores localizaron en el piso una caja de pastillas, Noctamid, cuyo componente principal, benzodiacepinas, contenían las bebidas adulteradas que dejaron a Helena junto a dos anónimos, semanas antes del crimen. También las había ingerido la noche que la mataron, según certificó la autopsia. Además, la Policía encontró dos cajas de cerillas, como las que aparecieron en la azotea, y con las que habrían quemado partes del cuerpo de la joven.

Todos los investigados por el crimen formaban parte de la sección Natura de la Unión Excursionista de Sabadell (UES), entidad a la que la joven se había unido tras mudarse a la ciudad y cuyos integrantes han estado desde el principio en el foco de las sospechas. A pesar de ello, una desastrosa instrucción, a cargo del juez Manuel Horacio, se saldó con el archivo provisional del caso en 2005.

Careta se suicidó, en mayo de 2002, en la prisión de Wad-Ras, donde había ingresado acusada de homicidio. Entre sus notas, una en la que aseguraba que era inocente y que tenía «la conciencia tranquila». Echaguibel quedó en libertad y Laiglesia no llegó ni a ser detenido. La investigación contra ellos se archivó por falta de indicios.

Ya entonces, los forenses determinaron que en el crimen habían participado, al menos, dos personas.

Transcurridos los años, el empeño de la familia y de su abogado permitió reabrir el caso. También la predisposición del juez Juan Díaz Villar, hasta hace unas semanas, al frente de Primera Instancia 2 de Sabadell.

En julio de 2020, otro instructor ordenó la reapertura del caso y la imputación de Laiglesia, pero en marzo del año siguiente, la Audiencia de Barcelona la revocó. Así lo acató el juzgado de Sabadell, hasta que gracias al recurso de los Jubany, que aportaron nuevos testimonios y pruebas, entre éstas, el disco duro de Helena –que no se había analizado– llegó la segunda reapertura. Fue así como un amigo de la bibliotecaria, al enterarse de la noticia, contactó con la familia para aportar información sobre uno de los usuarios que chateaba con la joven, cuyas conversaciones habían quedado almacenadas en el dispositivo.

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En su declaración ante el juez, el individuo tras el sobrenombre de 'Rius Cant' alegó no recordar nada. A punto de prescribir el crimen, Salellas remitió un nuevo escrito al juzgado ya que ni la Policía Nacional, a cargo de la investigación, ni la Fiscalía, realizaron de oficio ninguna diligencia. Para evitar el archivo definitivo, la acusación particular solicitó la imputación de tres sospechosos. El juez la denegó pero, días más tarde, aportaron una nueva prueba: un correo electrónico que vincula a otro integrante de la UES con los anónimos que enviaron a Helena: Xavier Jiménez, que adquirió la condición de investigado el 1 de diciembre de 2021. Una semana después, el crimen prescribió para todos aquellos que nunca habían sido imputados. Unos meses más tarde, tras la prueba caligráfica, la Policía determinó que Jiménez es el autor de parte de los escritos que recibió la víctima.

En junio de 2022, transcurridas más de dos décadas del asesinato, la Científica localizó ADN masculino en el jersey de la bibliotecaria. El cotejo con el material genético del entonces único imputado fue negativo, pero ese resultado fue el que abrió la puerta a imputar al primer sospechoso del crimen: Laiglesia, en febrero de este año. La comparativa de ADN tampoco fue concluyente. Por eso, a petición de la familia, el instructor encargó el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela un nuevo análisis que, con técnicas y tecnología «más avanzada», permita secuenciar los marcadores del cromosoma Y para así confirmar o descartar que los perfiles hallados son de ambos investigados. Comparativa que no se ha realizado, y por eso los Jubany han vuelto a reclamarla.

«De momento, toca esperar», apunta Joan, que durante estos veinte años no ha dejado de buscar justicia para su hermana.