Bolaños asegura que el Gobierno tramitará la petición de Puigdemont de contar con escolta en Bélgica

Fue el jefe de la oficina Puigdemont, Josep Lluís Alay, quien este lunes volvió a pedir por carta al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga protección al expresidente ante el aumento de la «peligrosidad y el riesgo hacia su persona», detectado «desde hace algunas semanas». Una solicitud que requiere la asignación de escoltas «de manera inmediata y con carácter de urgencia», pero el Departamento no tiene competencias para ello, ya que los Mossos d'Esquadra no pueden operar fuera de España sin la preceptiva autorización del Ministerio del Interior.

El Cuerpo catalán, como policía integral, es el encargado de velar por la protección de dirigentes y exdirigentes, también fuera del territorio. Por el momento, la Consejería aún no han trasladado la petición de Puigdemont a la cartera de Marlaska, según han confirmado a ABC fuentes de la misma, aunque Bolaños ya ha asegurado que sí se tramitará. Posiblemente, estando pendiente la investidura, será el próximo titular del ministerio el encargado de tramitarla. Después, las autoridades belgas tendrán que dar luz verde a la petición del Gobierno.

Cabe recordar que, cuando Puigdemont se fugó de España en un coche, en octubre de 2017, fue un mosso d'esquadra fuera de servicio quien lo acompañó. Posteriormente, el entonces titular catalán de Interior Miquel Buch contrató como asesor al mismo sargento, que en realidad ejerció labores de protección del prófugo en Bélgica. Motivo por el que la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de prisión al consejero y también al policía. Condenas que quedarían ahora anuladas con la ley de amnistía.

Durante su declaración como testigo en el juicio, Puigdemont apuntó que el sargento lo había «acompañado» porque «las autoridades españolas incumplieron la ley y no garantizaron» su «protección». Y es que el estatuto del expresidente -ley 6/2003-, reza que «corresponde al Gobierno determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición, establecer el régimen de precedencias que correspondan en los actos públicos a que asistan y adoptar los servicios de seguridad que se consideren necesarios». En este caso, pese a que lo pidió en junio de 2018, el Ministerio del Interior le denegó la escolta.