Un año de la segunda fuga de Puigdemont: tres investigados y pendiente de la amnistía

Lo cierto es que aquel 8 de agosto Puigdemont consiguió burlar el dispositivo de la Policía catalana que, tal y como informó al Supremo tras su fracaso su entonces comisario jefe, Eduard Sallent, contempló únicamente dos escenarios: que el expresidente de la Generalitat intentase acceder al Parlament días antes del pleno de investidura, o que lo hiciese ese mismo día. El Cuerpo no obtuvo información que le permitiese descartar o priorizar ninguno de ellos o contemplar otro diferente. Dieron así por hecho que su objetivo era acceder a la Cámara y estar presente en el debate de investidura de Salvador Illa, lo que no ocurrió, ya que Puigdemont desapareció tras bajar del escenario.

Se introdujo en una carpa, cuyas lonas negras impedían ver nada desde el exterior. En ese momento, por megafonía se indicó a la multitud que comenzase a dirigirse hasta el recinto del Parlament en comitiva, y entonces, un Honda HR-V blanco, conducido por una mujer y con una silla de ruedas en el asiento del copiloto, recogió a Puigdemont y al secretario general de Junts, Jordi Turull. A las puertas de la Cámara catalana esperaba el propio Sallent, junto a otros mandos, y ese era el lugar donde los Mossos pensaban detenerlo, previo a su traslado a Madrid, en un coche de paisano que iría escoltado por otros dos, con efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI).

A las 9.23 horas, cuando constataron que el 'expresident' se había montado ya en el Honda, y de que el agente que lo seguía lo perdiese en el paseo Circunvalación; el Cuerpo activó el dispositivo jaula. Es decir, controles policiales en carretera para blindar las salidas de Cataluña y tratar de detenerlo. No se ponía en marcha desde los atentados del 17-A y fue un fracaso. Los primeros arrestos llegaron pocas horas después, los de los agentes que auxiliaron al líder de Junts en su huida y que, casi un año más tarde, siguen imputados por encubrimiento. Son Xavier Manso, Javier Rodrigo Niñerola y David Goicoechea. De hecho uno de ellos, Niñerola, era el dueño del Honda en el que huyó Puigdemont. Y la conductora, Bárbara Vidal, una amiga de éste. Los informes de Asuntos Internos, consultados por este diario, recogen que fue ella quién dejó el vehículo en el aparcamiento subterráneo del paseo Lluís Companys, la víspera, el 7 de agosto, pasadas las 20.30 horas. La mañana siguiente, esperó dentro del coche hasta recibir una llamada, y salió del parking a las 09.06.

Desde un primer momento, en el Cuerpo tuvieron claro que Puigdemont habían contado con la colaboración de algún agente en su plan de fuga. Al igual que algunos mossos, aprovechando permisos y vacaciones, han ejercido como sus escoltas desde que se instaló en Waterloo (Bélgica).

De hecho, en su declaración como testigo ante la titular de Instrucción 24 de Barcelona, que investiga a los tres agentes que habrían participado en esa segunda huida, Sallent no descartó que Puigdemont pudiese tener información –interna– sobre el dispositivo planificado para detenerlo. Pese a ello, transcurrido casi un año, las pesquisas, que se han prorrogado otros seis meses, afectan sólo a esos tres funcionarios. La juez María Antonia Coscollola, en base a las indagaciones de Asuntos Internos, sostiene que se coordinaron para evitar su detención y posibilitar su fuga. Los tribunales descartaron investigar, por el fracaso del dispositivo, tanto al entonces consejero catalán de Interior Joan Ignasi Elena, como al presidente del Parlament Josep Rull, tras las querellas de Hazte Oír y Vox, que ejercen la acusación popular en la causa contra los tres mossos.

Noticia Relacionada

El exjefe de los Mossos apunta ante la juez que no contempló como escenario la huida de Puigdemont

Elena Burés

Durante su comparecencia como testigo en la causa con tres agentes investigados por su presunta colaboración con el 'expresident', el comisario Sallent se remite al informe remitido al Supremo relativo al dispositivo del Cuerpo

Por su parte, Puigdemont sigue a la espera de la amnistía. Tras el rechazo definitivo del Supremo a aplicar el olvido penal a la malversación del 'procés', su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, formalizó un recurso de amparo ante el Constitucional, en el que solicitó, como medida cautelarísima, suspender su orden detención, vigente en España. Un recurso que probablemente se resuelva en otoño y en el que también alega que la competencia para la aplicación de la amnistía sería del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al ser diputado en el Parlament y por ello aforado.