La Abogacía del Estado pide tres años y medio de cárcel para Jové por el 1-O y descarta acusar a Salvadó

La Abogacía también pide un año inhabilitación por desobediencia y una multa de 18.000 euros para la ahora consejera de cultura Natàlia Garriga. Dicho escrito difiere del de la Fiscalía, que considera que los gastos del Govern para organizar el 1-O se tienen que calificar de malversación agravada y no de malversación atenuada , tras la reforma del Código Penal.

La Abogacía acusa a Jové porque, como integrante del Departamento de Vicepresidencia y de Economía de la Generalitat cuando se organizó la votación, tenía, entre otras competencias: «las finanzas públicas, los presupuestos y la eficiencia del gasto», así como «la fiscalización, el control financiero y la rendición de cuentas públicas» y «los procesos electorales».

Por su parte Garriga, como directora de servicios, tenía como competencias «dirigir y coordinar la administración, el régimen interior y la gestión de los servicios generales del departamento, bajo la dirección del secretario general», así como «dirigir las actuaciones departamentales en el ámbito de los sistemas de información y las nuevas tecnologías en colaboración con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña (CTTI)».

En su escrito, el abogado del Estado sostiene que Jové y Garriga desatendieron los mandatos del Tribunal Constitucional. El primero, reza el texto, «llevó a cabo la búsqueda de los locales donde se pudiese celebrar la votación, realizando las gestiones oportunas para lograr la cesión de locales alternativos, si algún municipio no prestaba su apoyo». Por el contrario, como responsable del área de procesos electorales, no impidió que se remitieran cartas a los alcaldes catalanes para reclamarse la cesión de dichos espacios.

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Elena Burés

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Tampoco dio ninguna orden para «impedir que los responsables de otros departamentos comprometieran fondos públicos, destinados la celebración del referéndum». Entre estos gastos, más de 277.000 euros que Presidencia pagó a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para la difusión de anuncios de la votación.

También el encargo a Unipost para la distribución de las notificaciones de nombramiento de integrantes de las mesas electorales y de las tarjetas censales. El precio superó los 785.000 euros -abonados por Presidencia, Trabajo, Salud y Cultura-. Los gastos por los denominados «observadores internacionales» ascendieron a más de 400.000 euros.

Garriga tampoco «impartió ninguna instrucción para impedir el funcionamiento de la web del referéndum». Por todo ello, el abogado del Estado considera que ambos incurrieron en un delito de desobediencia grave a las resoluciones judiciales -las del Constitucional-, y que Jové, además, también cometió un delito de malversación de caudales públicos.

En cambio, la Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y otros seis años y tres meses para Salvadó, por organizar el referéndum ilegal. El Ministerio público los acusa de malversación agravada, desobediencia, desórdenes y prevaricación.

Además de las pena de cárcel, Jové se enfrenta también a una inhabilitación de 32 años, y Salvadó, a 27. Junto a ellos tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados Natàlia Garriga, la actual consejera de cultura, acusada de desobediencia, por lo que el fiscal le solicita una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación.