La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové y Salvadó por malversación agravada al organizar el 1-O

Además de las pena de cárcel, Jové se enfrenta también a una inhabilitación de 32 años, y Salvadó, a 27. Junto a ellos tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados Natàlia Garriga, la actual consejera de cultura, acusada de desobediencia, por lo que el fiscal le solicita una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Superior de Cataluña recoge de forma pormenorizada las gestiones de ambos para llevar a cabo la votación, declarada inconstitucional. Entre estas, el Ministerio público atribuye a Jové la creación del documento bautizado Enfocats, un «plan estratégico» para alcanzar la independencia, y en el que marca tres objetivos principales: «sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito».

En ese documento, dentro del apartado denominado «proceso político democrático», se proyecta primero obtener un «proceso acordado con España», a pesar de lo que, se insiste a continuación en que debe mostrarse en la consecución del objetivo una «total determinación sin renunciar a la vía de la unilateralidad», vía que, en ausencia de pacto, se traduciría en «generar, como último recurso, un conflicto democrático de amplio respaldo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica, que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación…o un referéndum forzado».

En otro apunte, el que hace referencia a las denominadas «estructuras de estado» se diferenciaban las «nuevas estructuras», que comprenderían la Hacienda propia, la Agencia de Protección social y el Poder judicial, respecto de las que existía la previsión de «crearlas y testarlas», y las «existentes», entre las que se citaban los Mossos d'Esquadra, el CTTI y las infraestructuras básicas esenciales, considerando que todas esas estructuras resultaban fundamentales «para gestionar la desconexión y el nacimiento del estado propio».

Por lo que respecta a Salvadó, la Fiscalía recoge sus apuntes en la libreta moleskine, en la que anotaba las reuniones mantenidas con formaciones políticas como la CUP, y que se incautaron en su domicilio durante el registro del 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía. Entre las anotaciones, constan las dudas a la hora de contratar a empresas para realizar el seguimiento y recuento de la votación, así como varias sobre la logística electoral del 1-O.

El acuerdo para celebrar el referéndum se ratifica en el Parlament -resolución 306/XI- en octubre de 2016. Un mes después, recoge el escrito de la Fiscalía, Junqueras presentó ante la Cámara catalana, junto a Jové, el proyecto de presupuestos para el año siguiente, e incluyó una partida de 5,8 millones para «procesos electorales y participativos», así como una disposición adicional donde se expresó el compromiso de dotar el presupuesto necesario para organizar el referéndum de autodeterminación. Adicionalmente se incluyó, de cara a potenciar las llamadas «estructuras de estado», una partida de 57,4 millones de euros para el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Tanto Jové, como Salvadó y Garriga recibieron las preceptivas notificaciones del Tribunal Constitucional -el 5 julio declaró la inconstitucionalidad de las partidas presupuestarias citadas- . A pesar de ello, Garriga, que entonces era directora de servicios, a las órdenes de Jové, procedió a la adjudicación de diversos contratos menores dirigidos a la ejecución de obras en una nave anexa al CTTI», reza el escrito de acusación. Unas obras para instalar el centro de prensa donde se recogerían los datos de la votación.

La Fiscalía también recoge como Garriga actuó «de enlace» entre su superior, varios funcionarios del departamento para conseguir la cesión de naves. Así, a lo largo de 49 páginas, el Ministerio público recoge las gestiones que realizaron los acusados para llevar a cabo el 1-O. Para ello, Jové asumió, como responsable del «área de procesos electorales y consultas populares» las funciones de coordinar las actividades administrativas, y de elaborar el anteproyecto de presupuestos.

El fiscal sostiene que los preparativos y gastos para el 1-O se hicieron esquivando el control estatal de las cuentas de la Generalitat, para lo que el Govern hizo intervenir a varios departamentos «para diluir la responsabilidad individual», y subraya que Jové, como número dos de Economía y Hacienda, conocía los detalles de las cuentas catalanas así como los requerimientos de información que hacía el Ministerio de Hacienda, a los que el Govern contestaba negando que hubiera hecho pagos o modificaciones presupuestarias relacionadas con el referéndum.

Como el TC había anulado varias partidas de los Presupuestos, el fiscal señala que en lugar de dedicar una de ellas a gastos electorales, la «estrategia» del Govern fue atribuirlos a varias partidas de diversos departamentos.

La Generalitat encargó a Unipost, dentro del contrato marco que tenían, cartas ordinarias para las personas censadas en Cataluña, así como otras certificadas, destinadas a quienes habrían de integrar las mesas electorales. El servicio se presupuestó en casi un millón de euros. El fiscal cree que «a fin de encubrir responsabilidades y evitar la constancia del encargo y su verdadera naturaleza, se eludió deliberadamente la mecánica habitual de registro y formalización de los envíos y repartos» de la citada empresa y que, para disimular la importancia del gasto, se facturó repartido en cinco consejerías: Vicepresidencia, Cultura, Salud, Trabajo y Presidencia.

Unipost intentó cobrar una de las cinco facturas, la que iba a nombre de Cultura, pero dos veces el pago resultó rechazado, y para elaborar el censo electoral el fiscal expone que Jové recabó datos personales de los catalanes para el censo electoral a través de un convenio entre el departamento y el Idescat.

Fue en 2015 cuando el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) publicó una ley que preveía crear una agencia tributaria catalana y otras «estructuras de Estado» sobre los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte, que el Constitucional anuló. A pesar de ello, Jové y Salvadó «tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas 'estructuras de Estado' y, de modo paralelo, conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia», y dotaron a la Agencia Tributaria de un sistema, capaz de recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que no tenían competencias como IRPF, IVA, el impuesto de sociedades y otros especiales estatales.

Los tres tendrán que sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).