El teletrabajo cala en los funcionarios y se duplica desde la pandemia

La Junta ultima un decreto para fomentar el empleo a distancia y mejorar así la cobertura de los puestos periféricos en la administración

Más teletrabajo para los empleados públicos, personalizado y con medios aportados por la Junta

El teletrabajo se duplica en los funcionarios desde la pandemia IVÁN TOMÉ

Valladolid

20/05/2024 a las 08:09h.

Con la llegada del Covid-19 y el confinamiento que supuso un virus desconocido, muchos despachos y oficinas tuvieron que trasladarse a los domicilios. El teletrabajo pegó entonces un acelerón obligado que abrió la puerta a que esa opción laboral se extendiera en ... adelante como una variante más en los puestos de trabajo.

El Gobierno central tuvo que aprobar una normativa que pusiera en orden este empleo a distancia en general, pero también las administraciones públicas se adaptaron rápido a la nueva situación para regular la modalidad en remoto.

En la Junta de Castilla y León los funcionarios que cuentan con teletrabajo se han duplicado desde que irrumpió la pandemia en 2020. Fue en 2011 cuando el Gobierno autonómico comenzó a dar los primeros pasos para regularlo y después, en 2018, se publicó una nueva normativa al respecto con el objetivo de encarar una «transformación digital» que ya marcaba el paso.

Ya en 2022 y con un nuevo reglamento estatal sobre la mesa, la administración regional publicó el decreto que se encuentra actualmente en vigor, que será sustituido por otro que ultima el Ejecutivo regional con el objetivo de «agilizar» los trámites e impulsar esta práctica en aquellos puestos de trabajo periféricos -alejados de las capitales- que «se revelan como de difícil cobertura» al tener muy poca demanda entre los aspirantes y miembros de la administración, según reflejaba la Junta en el proceso de consulta pública para la elaboración del nuevo texto.

Si en 2018 eran 135 los empleados públicos que tenían reconocido el teletrabajo, en 2020 esa cifra ascendía a los 612, teniendo en cuenta que al irrumpir el coronavirus el confinamiento obligó a que muchos funcionarios continuasen con su labor desde sus domicilios de forma urgente y transitoria, pero más tarde volvieron a sus puestos presenciales. Ya en 2023, el último año del que se dispone de datos cerrados, la cifra de quienes tenían autorizado el trabajo a distancia o lo habían tenido en algún momento llegaba a los 1.349.

Autorización «expresa»

Hasta mayo de este mismo año, según la información aportada por la Consejería de la Presidencia, el dato es de 1.308, por lo que es previsible que al finalizar el ejercicio se supere el récord que hasta ahora marcaba el año pasado.

En todos los casos esta modalidad de desempeño de la labor profesional en remoto debe contar «expresamente» con una autorización, ser «compatible» con el trabajo presencial y tendrá «carácter voluntario y reversible», según recoge la normativa actual. Establece que se dará luz verde «siempre que las necesidades lo permitan» y que para poder desempeñarlo será necesario «un mínimo de tres meses» en ese mismo puesto de trabajo con carácter presencial.

La norma en vigor incluye también aquellos casos en los que no se permitirá la modalidad a distancia. Serán los de «atención 24 horas» y que requieran «presencialidad» para que haya una «atención efectiva», las secretarías de los altos cargos, las jefaturas de servicio y los puestos de coordinación o dirección técnica y los de libre designación «con niveles 27 o superior» dentro de la catalogación de la administración. Así, quedan fuera gran parte de los que tienen que ver con la atención social, la sanitaria y la de los centros escolares.

En principio, se autoriza el teletrabajo en la administración por un periodo de dos años que pueden ir prorrogándose. «Al menos un día a la semana» deberá ser jornada presencial y habrá una «supervisión» por parte de un superior jerárquico que evaluará el desempeño y el rendimiento desde el domicilio.

Tres días «como mínimo»

Desde el sindicato Csif, el mayoritario en la administración pública, consideran que se han dado pasos para poner en marcha el desempeño profesional a distancia, pero también cree que sería «positivo» que se impulsase más porque ayuda a la «conciliación» de la vida familiar y laboral y puede permitir que se cubran determinados puestos para los que es muy difícil encontrar candidatos, señaló el presidente de la sección de Administración General de la formación sindical en Castilla y León, Mariano Prieto.

Es más, aseguran que desde su organización se hizo ya la propuesta a la Junta y deberían concederse en estos casos «tres días como mínimo» para que a los empleados públicos les compense desplazarse a determinados lugares de la Comunidad.

Según sus cálculos, actualmente el visto bueno del Gobierno autonómico a esta modalidad es «muy limitado» y cerca de un «30 por ciento de las solicitudes» no se autorizan tal y como se solicitan. Además, considera que hay muchos puestos «técnicos» que podrían acogerse y explicó que el actual decreto ha sido tumbado por los tribunales por «excluir a algunas categorías», un fallo que, al parecer, está ya recurrido por la administración.