PP y Vox se unen en Castilla y León para «evitar» el «vaciamiento» de las Policías Locales

Sanidad, entidades locales, empleo, caza, ruidos, espectáculos públicos, policías locales... Las materias en las que plantean introducir cambios –su mayoría, con 44 de los 81 procuradores en las Cortes garantiza, salvo sobresaltos, que saldrán adelante– son variadas, con algunas marcadas por su carácter diferenciador hacia el medio rural. Es el caso, por ejemplo, de la que plantea cambios en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, de 2003, «para favorecer la gestión de la convocatoria unificada de plazas» en estos cuerpos y «evitar el vaciamiento de plantillas municipales». Y es que, aunque ya está regulado que la Junta pueda asumirla de forma conjunta e incluso se llegó a un acuerdo con los municipios en este sentido, PP y Vox reconocen en su enmienda que la convocatoria común que se llevó a cabo en 2021 «hizo ver la necesidad» de articular un sistema para no dejar 'huecos' en la comisarías fruto de la movilidad si un agente saca plaza en otro puesto y que éstos puedan ser cubiertos con aspirantes que hayan aprobado ese examen.

También en clave rural, plantean «apoyar» a las farmacias en localidades de menos de 5.000 habitantes –donde hay 820 oficinas, algo más de la mitad de toda la Comunidad– eximiéndolas de la obligación de contratar a un farmacéutico adjunto y pudiendo suplirlo con la contratación de personal auxiliar. Para los pueblos de menos de 10.000 habitantes, introducen variar la ley del ruido «sobre la base de la experiencia y para adaptarse a la realidad social, al marco normativo y a la evolución tecnológica». Así, en base a una norma que «trataba por igual» a todos los municipios, la idea es que en las viviendas unifamiliares en los que no lleguen a esos habitantes será el criterio técnico el que establezca la valoración de la existencia de impactos acústicos. Además, amplían la línea de ayudas a pequeñas entidades locales para mantener abiertos locales de ocio anunciada por la Consejería de la Presidencia.

En materia de medio ambiente, hay una para declarar «de interés general» las obras de «defensa frente a avenidas» en los márgenes de ríos, arroyos y cauces, habilitando la «expropiación urgente» y con el objetivo de «paliar el riesgo de inundaciones en zonas urbanas» –como se ha sufrido en varias localidades de Castilla y León con las últimas avenidas–, por lo que ven «preciso agilizar» los procedimientos para «actuar con celeridad».

En clave de laboral, «con la finalidad del mantenimiento del empleo en determinadas circunstancias», plantean conceder subvenciones a las empresas que presenten ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de suspensión o reducción de jornada, con acuerdo de los representantes de los trabajadores, «fundado en causas técnicas, económicas, organizativas o de producción» o por aplicar el mecanismo de flexibilidad y estabilización. También para las que presenten expediente por causa de fuerza mayor temporal o «estén atravesando una situación de crisis económica». Además, ambos grupos proponen subvenciones para realizar acciones dirigidas a reducir el absentismo laboral para «mejorar la productividad» y «mantener su implantación en Castilla y León».

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Limitan los funcionarios interinos a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia» y entre los cambios también establecen que las llamadas «inapropiadas» al 1-1-2 pasen de ser tipificadas como «grave o leve» ya que ven «desproporcionado» el «muy grave» actual. Posibilitar la carrera profesional de los funcionarios locales o crear la categoría personal de investigador en la Gerencia Regional de Salud sustentan otras de las enmiendas. 

En total, los grupos parlamentarios de PP y Vox han presentado las 42 enmiendas a la ley de medidas y otras 19 a la de Presupuestos, entre ellas diecisiete por valor de más de 2,78 millones de euros que mueven esa cantidad hacia otros destinos. Por ejemplo, en Sanidad plantean 93.000 euros para mejoras del personal sanitario, más de un millón para mejoras en equipos e instalaciones sanitarias, casi 990.000 euros dirigidos a los centros de salud Ávila Estación, Roa de Duero (Burgos), Ponferrada 1 o Villalpando (Zamora).

Por departamentos, también 'rascan' 100.000 euros en la Consejería de Presidencia «para el fomento de acciones para la promoción y defensa de los valores y principios constitucionales de unidad de España e igualdad y libertad de los españoles». Así como casi 276.000 para «compensar las pérdidas del potencial de productividad forestal».

Según justifican, los grupos cuyos portavoces son Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, presentan de forma conjunta las enmiendas «con el propósito de reforzar el proyecto presentado que cuenta con el apoyo de ambos».