Luz verde al nuevo plan de incendios para dar «una mejor respuesta»

Dentro de esa nueva legislación, en un anexo, aparece también el denominado Plan anual para 2023, que según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene como objetivo último dar la «mejor respuesta» contra el fuego en una Comunidad que tradicionalmente ha sufrido los daños de las llamas en sus montes y más durante en el pasado ejercicio -más de 30.000 hectáreas ardieron en la provincia de Zamora-.

Se trata de un documento obligatorio, según la regulación nacional, y que, además, es un «requisito básico» para permitir la colaboración del Estado en las tareas de restauración de los grandes fuegos, detalló el consejero. La Junta ha dado luz verde a esa hoja de ruta para este año sin que el Ministerio de Transición Ecológica haya cumplido con «su obligación» de dar a las comunidades «unas directrices» para poder elaborarlos.

De ahí que el Ejecutivo autonómico, que en las últimas semanas ha protagonizado un cruce de reproches con el Gobierno sobre el operativo contra incendios, haya mostrado en una carta enviada ayer mismo su «estupor» por que se le exija la revisión de ese documento antes del 21 de este mes cuando por parte del Ministerio -que le envío una misiva en este sentido el lunes- «no se ha cumplido» con el compromiso de publicar un decreto que sirviera de guía para las regiones.

Sin las autonomías

«Cumpliremos», detalló Suárez-Quiñones, quien, no obstante, se mostró «sorprendido» por que a Castilla y León se le esté reclamando el plan anual para 2023, que incluye un análisis del peligro, el diseño del dispositivo durante todo el año y los trabajos de prevención, entre otras cuestiones, cuando el Gobierno no tiene aún preparado su decreto, un texto que está elaborando «estas semanas de forma atropellada» y «sin contar con las comunidades autónomas».

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Como tampoco se les consultó para elaborar el decreto nacional de medidas urgentes, trasladó el consejero, que recordó que se trata de una normativa que «obliga» a una serie de cambios en las autonomías que son las que precisamentel os recoge ahora la legislación aprobada ayer por la Junta.

Por un lado, se modifica la Ley de Montes, pero también la relativa a la Función Pública para que se pueda regular la constitución de bolsas de empleo cuyo fin será que se pueda disponer de personal interino de forma «más ágil» y rápida cuando sea necesario, indicó. Como asunto pendiente, citó que solo falta acordar con las centrales sindicales el asunto referido a las guardias de localización fuera de la época de riesgo alto, algo que se está ya abordando en una mesa técnica y que tendrá su reflejo en el decreto ordinario específico. «Hemos demostrado que sabemos llegar a la parte social y sindical, por lo que seguiremos en esa dinámica», manifestó Suárez-Quiñones.

A todos estos cambios, le sucederán próximamente otros como la actualización del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), la revisión del decreto que incluye el operativo de incendios o la orden de regulación del uso del fuego.

Todo ello, dijo, dentro de las medidas que se están desarrollando para reforzar un operativo «permanente» con una dotación de medios «suficiente» para hacer frente a los «nuevos episodios de grandes incendios que con mayor frecuencia e intensidad» se producen en la Comunidad, pero también «en otras regiones y países del entorno».

Sin embargo, una lucha eficaz contra el fuego «depende también de que se permita la gestión del lobo y no se elimine la ganadería extensiva y de que se facilite la limpieza de las riberas de los ríos, algo que ahora no se hace por parte de las confederaciones hidrográficas», aseguraba el consejero criticando algunas actuaciones del Gobierno central.