El exjefe de Eólicas asegura que Delgado era el que «repartía el bacalao» a la hora de agilizar o paralizar proyectos

La declaración del testigo se suma así a las de otros, entre técnicos y empresarios afectados, que a lo largo del juicio por la denominada 'trama eólica' han señalado a Delgado como la persona que, como ha llegado a indicar alguno de ellos, «repartía el bacalao» y que a partir de 2004, una vez entrada en escena la instrucción de la avocación que centralizaba en sus manos la facultad de autorizar parques eólicos, comenzó a ordenar la elaboración de unos listados con los proyectos a los que había que dar un trato preferencial por figurar entre sus accionistas empresarios de Castilla y León.

Tomás Ciria ha indicado que todo lo relativo a este sector emergente se tramitaba «de forma coordinada con Rafael Delgado, por supuesto», tanto cuando el principal encausado en esta supuesta trama, en el cargo de viceconsejero entonces, compatibilizó dicho puesto con el de director general del EREN, cuyas funciones asumió entre enero y marzo de 2005 por enfermedad del titular, como después una vez que pasó a ser secretario general de la Consejería de Economía y siguió interesándose por la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.

El testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que el control del sector lo mantuvo Delgado hasta que su sucesora en la Viceconsejería de Economía, Begoña Hernández, que se limitaba a firmar las autorizaciones que le iban llegando, «se empezó a preocupar» y llegó a echar para atrás tras interesarse por el accionariado que figuraba en una de las promociones, recoge Europa Press.

Los listados, según Ciria, los encargó Delgado y la estructura de los mismos fue mutando con el paso del tiempo, ya que en los primigenios figuraba tan solo el nombre del promotor inicial mientras que en una fase posterior se añadió también el del promotor final. Y en esos listados, tal y como ha sostenido el exjefe de Eólicas, era Delgado el que decidía quién era promotor local y no local, de ahí que al figurar en esta última clasificación promotores como Cannon Power, Augusta Wind, Ibervento, Ider, Altos del Rasero, Hidronorte Generación o Ibereólica, la tramitación de sus parques quedó en 'stand by', pese a contar en muchos casos con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y otros requisitos que les situaba a las puertas de la avocación o autorización final.

El testigo, al igual que otros en sesiones anteriores, ha rememorado un encuentro celebrado el 30 de marzo de 2005 convocado por el viceconsejero de Economía y al que fueron citados los distintos jefes de los Servicios Territoriales de Industria -hasta 2004 eran los que autorizaban los parques-- para, uno a uno, hacerles entrega de un listado en el que figuraban aquellos parques que había que tramitar con celeridad, aquellos que contaban entre sus accionistas con empresarios locales.

Ciria, durante su declaración por videoconferencia, buena parte de la misma inaudible por problemas técnicos, ha hecho también referencia a una conversación mantenida en su día con el también acusado César Hernández Chico, técnico de Preneal, en la que este último, quien solía llamar para pedir que su grupo entrara en el accionariado de alguno de estos parques, llegó a amenazarle con la siguiente frase: «¡Si no hacéis lo que estamos pidiendo, ya os llamarán!», en alusión a que las órdenes para dar entrada a socios locales en el 'pastel eólico' venían de arriba. La situación llevó al jefe de Eólicas a temer incluso por su puesto de trabajo.

La supuesta 'trama eólica', con presuntas mordidas por importe de más de 80 millones de euros entre los trece encausados, tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables, y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

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Mientras no estuviera garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los acusados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.