Caso Eólicas: Begoña Hernández exculpa a Delgado y asegura que desconoce si intervino directamente en la adjudicación de parques

A preguntas del Fiscal Anticorrupción, Hernández recalcó que desconocía que hubiera una directriz para que solo los parques eólicos que tuvieran en su accionariado a empresas de Castilla y León salieran adelante y reconoció que nunca habló con Delgado sobre este tema. Además, afirmó que nunca dio ninguna indicación sobre la tramitación, e insistió en que ella solo se dedicaba a firmar la autorización final de los parques cuando los expedientes venía con el visto bueno de las delegaciones territoriales, de la Dirección General de Energía y los servicios jurídicos.

Preguntada por los motivos por los que no firmó la autorización de un parque en Paredes de Nava en el que figuraba en el accionariado Cronos, una empresa participada por los hermanos Esgueva, indicó que no recordaba la situación del mismo y apuntó que el rechazo se debería a un problema administrativo.

Este testimonio contrasta con lo asegurado ayer en el juicio por parte del director general del Ente Regional de la Energía (EREN) entre 2005 y 2007, y posterior director general de Energía y Minas de la Junta hasta 2019, Ricardo González Mantero, que aseguró que Hernández no autorizó el parque al conocer la presencia de los hermanos Esgueva en el accionariado y al conocerse ya el caso de la 'Perla Negra' y la compra del malogrado polígono de Portillo, en el que estaban implicados ambos hermanos.

A su vez, Begoña Hernández indicó que ella ni adelantó, ni retrasó ningún proyecto e insistió en que no la constaba que en el tramite de adjudicación hubiera algún criterio que no fuera administrativo.

En la jornada también declaró el promotor del proyecto del parque eólico de Altos del Rasero, en la provincia de Soria, denunció que en todo momento desde la Junta de Castilla y León «me han estado dirigiendo a quién tenía que vender» si quería que el proyecto saliera adelante.

La realidad, según explicó, es que un proyecto que comenzó a desarrollar en 1999 con la instalación de una torre de medición del viento, que comenzó a tramitar ante la Junta en 2000, que dos años más tarde ya contaba con un proyecto de competencias favorable y que en 2006 disponía de una declaración de impacto ambiental favorable, todavía no cuenta con la autorización administrativa definitiva. Además, calificó de «irrisoria» una oferta que le hizo Iberdrola por 120.000 euros, cuando un proyecto similar y en la misma zona se llegó a vender por más de 17 millones de euros.

Marcos Carrión reconoció que alrededor de 2001 el entonces jefe del departamento de Energía Renovable del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), Rafael Ayuste Cupido, ya le advirtió que tenía que contar con socios para desarrollar el parque, y a un año más tarde le indicó que se «olvide» de hacerlo con dos empresas catalanas con las que pretendía materializar su proyecto.

Por este motivo, Marcos Carrión inició una negociación con una empresa filial de ACS, pero entonces el exdirector general del EREN, Ricardo González Mantero, le indica que no firme con ACS y que debe negociar con Iberdrola. Días después, un representante de la energética se pone en contacto con él y le hace una oferta de unos 120.000 euros a la que contestó que «no pensaba regalar su proyecto». Más adelante, y de nuevo a través de responsables de EREN, que siempre le decían que actuaban bajo las órdenes de Rafael Delgado, le indicaron que debe negociar con Endesa. En este punto, explicó que hubo varias fases de negociación, con avances y retrocesos, aunque nunca se llegó a cerrar la operación.

Noticia Relacionada

El Fiscal Anticorrupción, sobre Rafael Delgado: «Está delinquiendo todo el tiempo; de continuo»

EP

Las acusaciones acorralan al exalto cargo de la Junta por el caso de las eólicas

También declaró hoy el exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos entre 2001 y 2024, Mariano Muñoz Fernández, quien aseguró que en una reunión celebrada en Valladolid el 20 de marzo de 2005 y a la que asistió el entonces viceconsejero de Economía y principal encausado, Rafael Delgado, recibió un listado de 49 parques que estaba previsto que se aprobaran en la provincia burgalesa y, por lo tanto, los que se tenían que tramitar desde su departamento de forma «urgente».

Muñoz Fernández también apuntó que no se trataba de ningún documento oficial, ya que carecía de membrete y no llevaba ningún sello oficial, «era una hoja en blanco», y recalcó que en dicha reunión también se les indicó que se olvidaran de la tramitación del resto de parques. Además, reconoció su sorpresa al incluirse en este listado algunos que acaban de iniciar la tramitación y que, incluso, no habían superado la evaluación de competencias, que era el primer paso de todo el proceso.

A su vez, el exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos también apuntó que en el caso de los parques de Canteruelas y Las Pardas, promovidos por Ibervento, la situación llegó a ser insostenible, dado que los proyectos, a pesar de llevar años con el estudio de impacto ambiental aprobado, no acaban de recibir la autorización, llegando la empresa a demandarle penalmente por este retraso, denuncia que se archivó una vez que declaró ante el juzgado de instrucción.

Al mismo tiempo, también confirmó que las indicaciones siempre las recibían por parte de la Dirección General de Minas y que aunque en alguna ocasión intentó ponerse en contacto con Rafael Delgado para pedirle alguna explicación, nunca pudo hablar con él. En este sentido, aseguró que él era uno de los jefes de servicio más «díscolos», ya que se negó a recibir instrucciones por teléfono de cuando debía firmar los proyectos, o cuando debía autorizar el inició de la avocación para que fuera el viceconsejero el encargado de conceder la autorización final.

En su declaración, y a preguntas de la abogada del Estado, Muñoz Fernández también reconoció que el proceso no cambió y se continuó trabajando con la misma dinámica cuando Begoña Hernández fue nombrada viceconsejera y Rafael Delgado pasó a ocupar la Secretaría de la Consejería de Economía.