Concepción insta a no «paliar» con parches un atasco que la Abogacía ve «exagerado»

Según Concepción, la Justicia en «nuestra tierra era, diría yo, ejemplar hasta el año 2020 por cuanto a los tiempos de respuesta que estábamos dando en las nueve provincias». Para regresar a esas «cotas de satisfacción y excelencia», el presidente del alto Tribunal pidió al Ministerio de Justicia que no trate de «paliar» los problemas de Castilla y León con la creación de tres o cuatro nuevas unidades judiciales. Las «necesidades de Castilla y León son mucho más ambiciosas» ya que «necesitamos que se creen todos los juzgados que la sala de gobierno precisa».

La reunión de ayer trató de diagnosticar los problemas de la Justicia para aunar las fuerzas de ambos colectivos «para que quien es responsable de poner los medios personales y materiales para reforzar juzgados y tribunales» se «haga eco de este problema» y «dé las soluciones que pedimos», añadió Concepción. El próximo 30 de abril el TSJ va a presentar la memoria de actividades del pasado año y de necesidades del territorio, donde se puntualizará la actual situación de la Justicia en la Comunidad con las peticiones expresas al Ministerio para que «palíe los problemas». Más allá de estas solicitudes estructurales «cuando haya una solicitud razonable para reforzar un órgano judicial que esté atravesando por problemas puntuales», instó Concepción a que «se atienda con celeridad».

Entre estos problemas detectados, además de la necesidad de nuevos juzgados que desbloqueen la carga judicial acumulada, se encontraría la obligación de reforzar los gabinetes psicosociales que atienden los litigios en derecho de familia en los pleitos que exigen un informe de esta naturaleza, sobre todo en casos de separación y de divorcio en el que se ven involucrados menores. A este respecto, Concepción señaló que estos casos se «demoran mucho más allá de lo deseable». Su falta de medios está provocando que en vez de resolverse en cinco meses como antes se haga en doce.

Por su parte, Sanz trasladó las «dificultades con las que nos encontramos la abogacía en el día a día y el ánimo de colaborar porque estamos en un momento de dificultad importante, por lo que vamos a ver si entre todos somos capaces de reconducir la situación». Entre las principales quejas y preocupaciones se encuentran los graves retrasos acumulados en la tramitación y resolución, que llevan a una «exagerada dilación de los procedimientos», agravada por las distintas huelgas que ha provocado un atasco que «afecta directamente a los derechos del ciudadano y a la confianza» en la Justicia.

Al atasco sumó las recurrentes dificultades en el acceso telemático a expedientes, las deficiencias informáticas y las relaciones digitales entre instituciones de justicia, además del «colapso de las tasaciones de costas en los juicios de nulidad de cláusulas bancarias o la huelga de los abogados de oficio».

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León reconoció que las situaciones ajenas a la Justicia como la pandemia o los continuos conflictos laborales han provocado que la Justicia esté atravesando «una situación de dificultad y de descrédito general que tenemos que combatir». Y si bien reconoció que se está en un momento de reformas legislativas donde las nuevas leyes de eficiencia procesal, digital y de organización agilizarán la Justicia, no ha dejado de solicitar soluciones que faciliten la labor de los abogados.

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El último aspecto sobre el que llamó la atención fue la demora recurrente en la cobertura de vacantes y, en general, la necesidad de refuerzos de personal en las sedes judiciales, una problemática que perciben desde la Abogacía en la mayoría de partidos judiciales de la Comunidad.