Los tribunales tendrían que estar siete meses cerrados a nuevos casos para dar salida al atasco

En consecuencia, la congestión de los tribunales aumentó un 9,7 por ciento. El TSJ reclama la creación de 16 juzgados pero el Ministerio sólo contempla en 2024 uno nuevo y refuerzos en dos. A 1 de enero los órganos judiciales acumulaban en trámite 129.991 asuntos.

El número de resoluciones en los doce siguientes meses dobló esa cifra, pero el ritmo no fue suficiente como para absorber también los 34 casos que de media ingresaban a la hora. El resultado: a 31 de diciembre, los procesos pendientes se habían elevado en 31.557, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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En concreto, en el pasado ejercicio ingresaron 298.326 asuntos, un 2,9% más que un año atrás. Penal fue la jurisdicción que copó el mayor volumen (136.758) en un contexto en el que las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior basadas en las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil -su reflejo en los juzgados es posterior muchas veces a la comisión del delito- apuntan a que en 2022 con la normalidad postpandemia crecieron los delitos, manteniéndose estables en 2023.

Entre las infracciones, cobran protagonismo las ciberestafas. El hijo en apuros o las ventas fraudulentas estarían llegando también más a las salas de vistas.

Civil, por su parte, ingresó casi el mismo volumen de asuntos que Penal tras registrar un incremento de un 5% en comparación con 2022. Los nuevos procedimientos aumentaron especialmente en Mercantil y los Juzgados de Primera Instancia. Entre ellos se encuentra el especializado en Valladolid en 'cláusulas abusivas', en el que se prorrogó el plan iniciado en 2017 por el cual este órgano se dedica en exclusividad a las decenas de miles de demandas por las condiciones en contratos de financiación tramitadas desde entonces.

El volumen de casos ingresado en la Jurisdicción Social fue, por su parte, muy inferior al de las dos anteriores, un total de 22.230 asuntos relacionado con conflictos individuales, negociación colectiva o reclamaciones en materia de Seguridad Social, entre otros. Distancia aún mayor se mantiene respecto al contencioso-administrativo, que fue el que menos asuntos nuevos contabilizó (6.913), pero aún así es el que presenta una mayor congestión.

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No en vano, el número de procedimientos relativos a la actuaciones de las administraciones que estaba en trámite al inicio del año es cercano al del volumen de ingresos que se registran en doce meses.

Al contrario que en 2022, la Comunidad cerró 2023 en peores términos que la media nacional en lo que se refiere a la congestión, con un tasa más alta que la española. Ocurre lo mismo respecto al índice de resolución, que bajó en 2023 en un 7,4 por ciento.

Por el contrario, se marcan distancias a la inversa en el tiempo que se requeriría estar a puerta cerrada para finiquitar los asuntos pendientes (en Murcia necesitarían un año entero), así como en litigiosidad. Pese a subir, los 125 asuntos ingresados por cada mil habitantes en Castilla y León, la sitúan en la parte baja de la tabla.