Protesta contra la mina de Retortillo proyectada por Berkeley
Protesta contra la mina de Retortillo proyectada por Berkeley - ICAL

Las dudas del CSN complican aún más la viabilidad de la mina de Retortillo

Paraliza los trámites de autorización hasta analizar aspectos de seguridad y residuos pedidos a la empresas Berkeley

ValladolidActualizado:

Aunque es el Gobierno central el que tendrá la última palabra -el actual es bastante reacio a todo lo nuclear- el proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) no deja de encontrarse «chinitas» en el camino que complican cada día más que pueda llegar a ser una realidad. Si hace unas semanas era Portugal -su parlamento- el que cuestionaba los efectos para su país de la puesta en servicio de la instalación, ahora es el Consejo Seguridad Nuclear el que, a preguntas del Ejecutivo, ha puesto sobre la mesa más dudas -que ya ha respondido Berkeley, la empresa propietaria- y que han supuesto que los trámites para su autorización están suspendidos desde finales de julio y hasta que se analice la información detallada por la firma de origen australiano.

Si supera este nuevo examen, aún faltaría el informe definitivo del CSN -además de varios asuntos judicializados- y el posicionamiento del Gobierno, que podría incluso rechazarlo aunque el órgano supervisor diera su visto bueno. De momento, sus «peros» pasan por la «incompleta» información existente para analizar el riesgo de accidentes, el impacto y la protección radiológica, la garantía de calidad y la ventilación, por lo que avisó de que esos datos son necesarios «para proseguir con la tramitación de su expediente hasta la recepción de dicha información». Pero las dudas también se centran en los residuos radiactivos y de su impacto y duración en unos terrenos que también afectan a la localidad de Villavieja de Yeltes.

El CSN envió un documento al Ministerio para la Transición Ecológica el 25 de julio pasado sobre los planes de la compañía que «prevé rellenar el hueco minero dejado» por la «mina de uranio con estériles de la propia mina y estériles resultantes del proceso de concentrado de mineral de uranio, procedentes de una instalación radiactiva del ciclo del combustible nuclear ubicada en otro emplazamiento».

La empresa ha tenido que justificar «adecuadamente y contrastando los beneficios con los detrimentos esperados» el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos en el hueco de la explotación minera, tal y como se solicitaba en el informe de once páginas que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En sus conclusiones, el texto señala que la propuesta de la multinacional se considera «supone una modificación sustancial que requiere una revisión de la justificación».

Ese cambio, según el organismo, tendrá unos resultados diferentes «y no deseables» al crear un almacenamiento «definitivo» de residuos radiactivos «con obligaciones de vigilancia perpetuas a nueve kilómetros de otro en proceso de licenciamiento», lo que representa, según el CSN, «una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente».

No obstante, el informe recoge que la opción de «encapsulamiento» de los residuos «es preferible a la de estabilización en superficie», pero señala que también será necesario valorar los aspectos socioeconómicos, «que no son competencia del CSN».

Coste económico

En relación al coste de la vigilancia de las instalaciones de almacenamiento final tras su cierre «debería incluirse en los detrimentos asociados a la práctica», ya que este importe se atribuye a las instituciones, y «no se prevé hacer ninguna aportación» al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Finalmente, el CSN estima que no proceden consideraciones adicionales sobre la justificación desde el punto de vista de la protección radiológica, «único aspecto» de la competencia de este Consejo en esa justificación.

Este informe de 25 de julio responde al escrito con fecha 7 de mayo de 2018 con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pedía al Consejo de Seguridad Nuclear información sobre el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de la propia mina.