La mina de la discordia

El asunto se abordó en el Consejo de Ministerio porque fue este órgano el que denegó en 2015 –alegando que los municipios no tienen competencias en materia energética y minera– que se celebrara en Retortillo una consulta popular tal y como contemplaba el programa electoral que llevó a los socialistas al frente del Consistorio y que, posteriormente, desencadenó la renuncia del alcalde, Lorenzo Calderón, no sólo al bastón de mando, sino también a su acta de concejal por considerar que ya no contaba con «la confianza» de sus compañeros, explica el regidor.

El debate se ha reavivado en los últimos días tras la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de un recurso de Equo y de Ecologistas en Acción contra la autorización dada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a finales de septiembre de 2015 , momento en el que la empresa australiana ya contaba con la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 2013, con la conformidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y con la autorización de la Comisión Europea en 2015.

El contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional, que ahora da a Industria un plazo de veinte días para que remita la información que se le solicita, se basa, explica el abogado de Equo Manuel Serrano, en que es el Gobierno de España, a través del CSN, y no el Ejecutivo autonómico quien tiene que evaluar el proyecto y que la Declaración de Impacto Ambiental está hecha sobre la mina pero no sobre la planta de fabricación de concentrados de uranio y la de almacenamiento de residuos radioactivos, «que quedaron camufladas en el proyecto inicial presentado por Berkeley», añade. Además, el letrado considera que «no se ha consultado al Estado portugués» dada la proximidad de la instalación y ante el evidente de riesgo de contaminación del Duero.

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, sostuvo, tras conocer la decisión del Alto Tribunal, que la admisión del recurso es «un problema competencial, no se entra en el fondo del asunto» y que la postura que adopte la Audiencia Nacional «estará bien decidida».

Mientras, en una reciente reunión con los ayuntamientos afectados, responsables de Berkeley insistieron en los beneficios que conlleva la apertura de la mina: empleo – se baraja la creación de unos 200 puestos de trabajo –, polo de desarrollo económico de la zona y fijación de población, entre otros, al tiempo que informó del desarrollo de nuevas propuestas de reforestación de la comarca y recuperación de hábitats, además de respaldar iniciativas municipales.

A pesar de todo, las medidas de protesta continúan y, así, para el próximo jueves, día 5 de mayo , está previsto que distintos colectivos del entorno de Retortillo y organizaciones sociales y ambientales se concentren frente a la Escuela de Minas en Madrid,donde la empresa minera va a exponer su proyecto a los estudiantes.