Canarias y Estado aceleran los expedientes de menores migrantes para su traslado a la Península

La consejera, Candelaria Delgado, ha valorado este «avance decisivo» para que se «materialice por fin el reparto solidario y vinculante de menores» previsto en el nuevo marco legal, y ha destacado que Canarias está cumpliendo con su obligación de preparar y remitir la documentación de los niños y niñas bajo tutela.

Delgado ha advirtido que «seguimos a la espera de que las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias concreten las directrices y líneas de actuación necesarias para canalizar adecuadamente la tramitación de los expedientes».

El Gobierno de Canarias busca superar, de manera conjunta, la complejidad que supone un intercambio masivo de información sensible, que además requiere gran capacidad informática y que provoca fallos continuos en los sistemas de envío, ha apuntado Delgado.

«No se han recibido aún esas instrucciones de las subdelegaciones, aunque el Ministerio de Juventud e Infancia sí se ha mantenido en coordinación permanente con la Dirección General de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias para definir el contenido de la documentación personalizada de cada menor, la entrevista a realizar a cada niño o niña, así como el aplicativo a utilizar».

«Canarias ha empezado a cumplir, ahora necesitamos que el Estado termine de definir las directrices para que los más de 2.000 niños y niñas que deben ser trasladados desde nuestras islas puedan estar acogidos en el resto de comunidades autónomas antes de marzo», ha destacado Delgado.

La consejera recordó que los decretos aprobados este verano establecen que, una vez declarada la contingencia migratoria, el Estado debe activar el mecanismo de redistribución, con plazos de 15 días para las nuevas llegadas y cuenta hasta el 18 de marzo para la reubicación de los menores que superen la capacidad ordinaria.

Por último, Delgado insistió en que el Gobierno de Canarias seguirá trabajando «con rigor y responsabilidad» en la preparación de expedientes, pero reclamó al Estado «instrucciones para que la ley se cumpla en los plazos previstos».