TURISMO

Canarias da 'carpetazo' a la moratoria turística y la deja en manos de los ayuntamientos

Esta era una de las medidas urgentes que solicitaron decenas de miles de personas en las islas en las multitudinarias movilizaciones del pasado 20 de abril

Canarias desborda las calles de las ocho islas en una movilización histórica contra el modelo turístico

Manifestación contra el modelo turístico, a 20 de abril de 2024, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria EP

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De León, ha dado el 'portazo' definitivo a la posibilidad de aplicar una moratoria turística en Canarias, una de las medidas que pidieron decenas de miles de personas en las islas ... en las multitudinarias movilizaciones del 20A.

El Gobierno canario descarta así implantar una moratoria al alquiler vacacional ante la inminente tramitación de la nueva ley regional y porque, «de facto», deja en manos de los ayuntamientos suspender las declaraciones responsables. Así lo ha explicado De León recientemente en respuesta a una pregunta del grupo socialista, legando que aunque se quisiera impulsar la medida ya no se llega «a tiempo» porque la elaboración de la ley está en su «tramo final» a la espera de pasar los filtros de los consejo de Cooperación Intermunicipal y Cooperación Insular, más el Consejo Consultivo.

Ha dicho además que los ayuntamientos tienen «mayores garantías jurídicas» aplicando su planeamiento para «suspender licencias» aparte de que el Gobierno no quiere «pasar por encima de la voluntad» de algunos, especialmente en las medianías, donde se entiende que la vivienda vacacional «ha venido a quedarse» porque permite «estimular» el desarrollo económico.

Asimismo, ha indicado que las 'islas verdes' (La Palma, La Gomera y El Hierro) se han desmarcado del posicionamiento de las cuatro islas turísticas, que sí están a favor de fijar una moratoria. «No entendemos que tengamos que aprobar una moratoria en toda Canarias», ha señalado.

La consejera ha insistido en que la futura ley ya incluye «parar» esta modalidad porque dice «ni una más sin planeamiento» y a partir de ahí se podrá «clasificar» a las viviendas y «distinguir lo que hoy es legal de lo que es ilegal e ilegalizable».

Además está convencida de que la nueva ley será «eficiente y eficaz« porque da un plazo de cuatro años tanto a ayuntamientos como a cabildos »para que puedan ordenar el caos y el desorden que existe hoy en este sector«.

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