ASCAV denuncia el «exterminio» del Gobierno canario a la Vivienda Vacacional

Ascav avisa de que se perderán más de 50.000 empleos directos y unos 2.700 millones de euros anuales, con «miles» de autónomas y pequeñas empresas «abocadas al cierre» y la venta de muchas propiedades a inversores extranjeros.

«El objetivo lo ha dejado claro el Gobierno de Canarias, prohibir las nuevas viviendas vacacionales en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente», señala. Según la asociación, el anteproyecto publicado por el Gobierno regional «es una auténtica moratoria« a las viviendas vacacionales pues a partir de la entrada en vigor de la norma »no se van a admitir más altas« salvo lo que autorice »expresamente« el planeamiento municipal.

En la actualidad, prosigue Ascav, «prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las viviendas vacacionales, por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos y además se imponen tantos y tales condicionantes a los ayuntamientos que quieran autorizar que será de muy difícil cumplimiento«.

La asociación señala también que el régimen transitorio que se aplica a las viviendas vacacionales que ejercen legalmente la actividad y que están inscritas en el Registro General Turístico de Canarias «es de imposible cumplimiento« pues, entre otras cosas, les da cinco años para que se adapten desde el punto de vista técnico a determinadas cuestiones energéticas.

Igualmente, el anteproyecto prevé el «destierro absoluto« y prohibición de ejercer la actividad durante diez años a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable, sin posibilidad de subsanar ni volver a presentar nueva solicitud en un plazo de 10 años.

Como ha defendido Ascav la nueva norma es «inconstitucional« porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los ayuntamientos y es contraria también a la normativa de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE y las consideraciones públicas del abogado general comunitario al vulnerar los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.

Asimismo señala que es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque impone requisitos que ya han sido declarados ilegales por el Alto Tribunal.

En su opinión, se trata de una «expropiación forzosa encubierta» de los inmuebles y tampoco incluye ninguna medida de promoción de vivienda pública cuando el Gobierno canario lleva 15 años «sin hacer su trabajo» y hay unas 211.000 viviendas vacías.

En esa línea advierte también de que la ley «no va a solucionar» el problema de la escasez de vivienda y encarecimiento del precio del alquiler pues Barcelona, en moratoria técnica de viviendas turísticas desde 2017, o Nueva York, con una norma ampliamente restrictiva desde septiembre, «continúan con la escalada de precios de los alquileres».

Para la asociación, «la solución es otra, promover más vivienda pública, incentivar la construcción de vivienda privada a precios asequibles o establecer un marco jurídico seguro y fiable para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración garantizando incluso por el propio Gobierno el pago de las rentas para que las familias más necesitadas accedan en igualdad de condiciones y no se queden fuera por sus bajos ingresos».