Ayuso ficha para Patrimonio a una imputada en Púnica por corrupción

El nuevo destino de la funcionaria corresponde a la subdirección general de Patrimonio, en concreto al área de Expedientes Patrimoniales. Montserrat Pacheco es funcionaria de carrera y ha ejercido en el Ayuntamiento de Valdemoro desde 1991. Como alto cargo que supervisaba el encaje legal de los planes urbanísticos municipales, Pacheco fue desde el principio una pieza destacada en la investigación. En el inicio colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con quienes mantuvo una relación muy fluida, según fuentes de la investigación consultadas por ABC.

Pero, con el paso del tiempo, Anticorrupción comenzó a sospechar de su forma actuar, hasta el punto de descubrir que, deliberadamente, no entregaba documentación que la podía comprometer. La funcionaria era la que «trazaba las líneas» de la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), por lo que ejercía un gran control del desarrollo urbanístico. A medida que avanzaba la investigación, que había saltado a la luz en octubre de 2014 con la detención de Granados, entre otros implicados, los investigadores comprobaron que la presunta corrupción municipal seguía operando en Valdemoro, pese a la caída también de David Marjaliza, el socio de Granados que terminaría reconociendo los hechos y colaborando con la investigación.

Las fuentes consultadas por este diario situaron a Montserrat Pacheco como «cabecilla» de la trama «post-Granados/Marjaliza», como desveló ABC el pasado mes de marzo. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, la citó a declarar como investigada junto a otra funcionaria municipal el pasado 15 de febrero acusada de siete presuntos delitos, entre ellos cohecho, organización criminal, blanqueo y malversación. La comparecencia fue suspendida porque alegó motivos de salud, pero finalmente declaró el pasado mes de mayo y negó las acusaciones.

El nombramiento de Montserrat Pacheco en la Consejería de Economía del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, encabezada por Javier Fernández-Lasquetty, se ajusta a derecho, dado que la funcionaria tiene la condición de investigada en una de las piezas separadas de la trama Púnica, pero no ha sido, al menos de momento, procesada ni inhabilitada.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo convocó tres plazas vacantes el pasado 29 de julio, y fue hace unos días, el 5 de diciembre, cuando el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la resolución en la que se adjudicaban dos de ellas y quedaba la tercera vacante. Cuatro días después, el 9 de diciembre, Montserrat Pacheco comunicó por escrito al Ayuntamiento de Valdemoro que había obtenido plaza de libre designación en el Gobierno madrileño. Según la documentación oficial cotejada por ABC, el consistorio municipal emitió un decreto el 13 de diciembre en el que resolvía conceder a la interesada la «situación administrativa de Servicio en otras Administraciones Públicas».

Este diario se puso ayer en contacto con Montserrat Pacheco, quien aseguró estar convencida de que la causa en su contra terminará «archivada». Negó todas las acusaciones de la Fiscalía y aseveró que se va de Valdemoro «para que me dejen vivir en paz». Añadió que ha obtenido la nueva plaza en un concurso de «méritos». Por su parte, fuentes oficiales de la Consejería de Economía sostienen que «no habiendo una resolución judicial en firme, no se le puede negar porque no ha perdido su condición de funcionaria». Confirman que «ese tipo de información no se pide cuando se opta a un puesto de libre designación» y señalan que «reunía todos los requisitos que se pedían para optar a la plaza».