La rebaja de la malversación vaticina una oleada de revisiones de penas como con el 'sí es sí'

Así, la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno y sus socios por exigencia de ERC abre la puerta de par en par a que se beneficien de ella los más de 130 sentenciados por malversación que hay actualmente en España. Sólo este año los tribunales han condenado por ese delito a medio centenar, como ya informó ABC el mes pasado a partir de los datos oficiales de distintas instituciones.

Y esa reforma beneficiará además a implicados en casos que todavía no han llegado al juzgado, ya que modifica no sólo las penas, sino también los plazos de prescripción. Así lo explica Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y veterano abogado penalista, que advierte de que esta reforma reduce sensiblemente ese margen de tiempo a partir del cual la Justicia ya no puede perseguir un posible delito ni a un presunto delincuente. Es lo mismo que advirtió la propia Fiscalía Anticorrupción hace una semana.

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«Desde el momento que se reducen las penas por cualquier delito, hay que aplicarlo a todas las sentencias que se estén ejecutando», recuerda Rodríguez Ramos. Este experto afirma que la interpretación de la nueva norma «va a ser muy difícil» por ese matiz decisivo de si el implicado malversa con ánimo de lucro –para enriquecerse él– o utiliza los fondos malversados para otro fin, como enriquecer a terceros. Un «galimatías interpretativo» que animará a muchos abogados a pedir revisiones de condenas y archivos de causas pendientes, pronostica Luis Rodríguez Ramos.

Su compañero Fermín Morales, también catedrático de Derecho Penal y letrado de la misma disciplina, aclara que esos abogados «cumplen con su obligación, lo contrario sería una irresponsabilidad profesional». Explica que la nueva norma es de aplicación para todos los condenados o acusados que se encuentren en la misma situación, por lo que «no se puede distinguir» entre secesionistas y otros malversadores sin ánimo de lucro.

Morales confía sin embargo en que ello «no va a suponer lagunas de impunidad», aunque da por descontado que en algunos casos la aplicación retroactiva de esta ley más favorable «efectivamente» beneficiará a algunos condenados o investigados por malversación sin lucro personal.

En cualquier caso, este profesor reparte culpas por igual, ya que para él la reforma del Código Penal que aprobó el PP en 2015 para equiparar la malversación en el ámbito público con la administración desleal y la apropiación indebida en el sector privado tampoco era correcta: «Yo creo que había que corregir esa reforma, pero desde luego no en el sentido que se ha hecho», señala este catedrático y abogado.

Otras fuentes consultadas por ABC creen sin embargo que esa reforma de 2015, inspirada en el modelo alemán, fue «muy bien acogida» entre los operadores jurídicos porque simplificaba la interpretación de este delito. Y añaden que la actual supone un «cambio tremendo de consecuencias insospechadas» que conlleva rebajas de penas que pueden pasar de doce años de cárcel a menos de cuatro en los supuestos más graves.

El máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido públicamente a los políticos que no den «pasos atrás» en la lucha contra esta lacra y que no «diluyan» su respuesta penal. El Gobierno y sus socios acaban de aprobar justo lo contrario.