La Audiencia Nacional envía a prisión a la reina de la Coca, condenada a 16 años de cárcel

El tribunal atiende así la petición de la Fiscalía Antidroga, que pedía ejecutar la sentencia en todos los casos. Cameno, de hecho, fue detenida el lunes, como varios de los sentenciados, para garantizar su puesta a disposición de la Justicia una vez les fue notificado el fallo, según informaron a ABC en fuentes jurídicas.

En total, seis personas han comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional para la vista en la que se debía dirimir si esperaban los recursos en libertad o en la cárcel. El tribunal ha puesto en libertad provisional a un total de cuatro, mientras ha ordenado el ingreso en prisión de Cameno y de otro de los condenados.

En cuanto a los que no han comparecido, según las fuentes consultadas, dos están ilocalizables, un tercero de viaje con autorización del tribunal, un cuarto que ya se encuentra en prisión por otro asunto y otro más que no llegó a ser detenido, de acuerdo a las mismas fuentes.

Cameno, en libertad con medidas desde 2012 con historial por narcotráfico, en 2014 seguía dedicándose a estos ilícitos junto al que era su pareja, José Ramón Parra, que está declarado en rebeldía y no ha sido todavía juzgado por estos hechos. Habrían orquestado juntos la venta de cerca de cien kilos de cocaína y enviado a Panamá en torno a medio millón de euros.

Todo empezó con el «hallazgo casual» de un sobre con 48.750 euros dejados en una papelera del sótano de una cafetería de Majadahonda, en Madrid, de la que Cameno acababa de salir. Había estado reunida con alguien que, se presume, tenía relación con el tráfico de drogas. Cameno fue identificada en aquel momento por la Policía Local y llevaba unos 10.000 euros encima.

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Las vigilancias policiales posteriores hicieron el resto: casi 19 kilos de cocaína escondidos en la caleta de un Mercedes rojo y otros 37,5 en un Jeep, más los 44,9 que se hallaron en el registro de casa de Cameno, donde había además una pistola con silenciador y el número de registro borrado -ha sido absuelta de la tenencia ilícita del arma-, 28 teléfonos móviles, básculas y dinero en efectivo.

La sentencia relata que la reina de la coca y su pareja no desarrollaban «ninguna actividad laboral ni mercantil o empresarial lícita que les produjera rendimientos económicos» y pese a ello, «llevaban un nivel de vida que requería de un muy elevado nivel de ingresos económicos para sostenerlo». «Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios», explica la ponencia redactada por el magistrado José Ricardo de Prada.

Concluye así que «los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto», y en la que tenía protagonismo David G., relacionado «estrechamente con ellos para determinados actos de gestión patrimonial», desde el arrendamiento de inmuebles «ocultando su identidad» hasta en «operaciones de recogida de fondos» fruto de la droga para su envío al extranjero.

Había además un intermediario «que actuaba como nexo o contacto» con Cameno, Marco Antonio G., también en temas de dinero, con «una participación concreta en momentos muy precisos y críticos del transcurso de esta operación, especialmente cuando se torna fallida y se percibe un riesgo real de que el dinero no llegue a Panamá en la fecha prevista, o que incluso desaparezca».

Porque eso es lo que parece que pasó, a la luz de la sentencia. Se estima que en total, Cameno ordenó enviar a Panamá un total de un total de 409.700 euros, que ella iba entregando en efectivo y que debían viajar a una cuenta con el nombre de otra persona a través de Bandenia, cuyo director de la época ha sido también condenado. Sin embargo, sólo consta que llegasen 54.000 dólares y se desconoce qué ocurrió con el resto ni si alguno de los intermediarios se lo quedó.

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Y de Bandenia, lo que dice la sentencia es que «no es entidad financiera autorizada como tal, sino una especie de marca de banca privada, de la que únicamente consta que actúa de intermediario financiero irregular» y de la que se desconoce «si dispone de cualquier autorización administrativa para operar en España».

Lo que sí consta es que el depósito allí del dinero que había ordenado ingresar Cameno se realizó «sin cumplirse las obligaciones administrativas de declaración de procedencia de fondos» y, a partir de ahí, se diseñó «una operación financiera que permitiera justificar una razón jurídica válida para la transferencia de fondos», aparentando que se trataba de un préstamo a una sociedad.

«En definitiva, el tribunal considera que existe una muy abundante prueba de cargo respecto de todos estos acusados, lo que nos lleva al rango de la cereza probatoria y, por tanto, a una conclusión condenatoria, que cabe afirmar incluso bajo el estándar probatorio de más allá de cualquier duda razonable, que no se nos suscita de ninguna manera», dice la sentencia.