Todos los centros educativos de Aragón deberán activar el protocolo de 'bullying' ante la primera sospecha, evidencia o posible riesgo

El proyecto de Orden viene a reforzar el marco normativo existente, atendiendo a su naturaleza reglamentaria, dotando de mayor precisión y sistematicidad a la regulación de los protocolos de actuación contra el acoso, e implementando nuevas medidas para incrementar la rapidez de los procedimientos que ya aplican los centros.

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Se pretende, según explicó la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ofrecer una respuesta «más clara, homogénea, ágil y garantista« ante las situaciones que alteran la convivencia escolar, en un momento en el que el uso de las redes sociales agrava los casos de acoso y las repercusiones en el alumnado implicado.

La primera novedad es que se modifica el ámbito de aplicación de la normativa, que alcanzará a partir de ahora a todos los centros educativos de Aragón, con independencia de su titularidad, para garantizar la aplicación efectiva y una respuesta homogénea y coordinada ante cualquier situación que requiera la intervención de la comunidad educativa.

Se hace en coherencia con el Decreto de 2017 que regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de Aragón, sin perjuicio eso sí del respeto al principio de autonomía de los centros docentes de titularidad privada a la hora de determinar su régimen interno y normas de convivencia.

El segundo bloque de modificaciones responde a la voluntad de desarrollar de forma más detallada los procedimientos de actuación ante situaciones disruptivas y de acoso escolar. Para ello, se introduce un nuevo capítulo, que recoge y regula expresamente los protocolos de actuación y que refuerza así su carácter imperativo y vinculante.

La nueva norma, que se llevará al Consejo Escolar de Aragón para su debate, obliga a los equipos directivos a activar de forma inmediata y automática los protocolos ante cualquier indicio razonable de acoso y prevé la intervención de la Inspección y de la Red Integrada de Orientación Educativa.

«La activación temprana constituye una obligación preventiva esencial para la protección del alumnado ante la gravedad de estas situaciones», ha defendido la consejera, al tiempo que «proporciona a los centros un marco de intervención claro, que asegura una respuesta diligente y conforme a los principios de protección del interés superior del menor».

La nueva normativa regula las actuaciones específicas frente al acoso escolar definiéndolo en primer lugar y estableciendo la obligación de los centros de garantizar una «actuación inmediata, diligente y coordinada, protegiendo a la víctima, investigando los hechos con rigor y aplicando las medidas educativas, restaurativas y disciplinarias que procedan«.

Asimismo, se asegura la confidencialidad y la coordinación con los servicios sociales, sanitarios y de seguridad cuando sea necesario, se promueve la prevención y la sensibilización en los planes de convivencia y la formación continua del personal.

El proyecto de Orden recoge también el impulso de campañas institucionales, así como de recursos pedagógicos y mecanismos de evaluación periódica que permitan valorar la eficacia de las actuaciones y promover la mejora continua de las actuaciones frente al acoso escolar.

La consejera expuso asimismo que, como prioridad institucional que es la mejora del bienestar emocional del alumnado y la convivencia en las aulas, desde el Departamento se está trabajando también de forma paralela en la revisión y actualización de los protocolos de acoso para hacerlos más eficaces y ágiles. Todo, con el objetivo, ha dicho, de consolidar «un entorno educativo seguro y protector para todo el alumnado«.

A partir de ahora, el objetivo es que en vez de diez anexos, los centros -con los que se seguirán trabajando las modificaciones- tengan que cumplimentar solo cuatro, que responden a cuatro fases.

En la Fase 1, ante la sospecha, evidencia o posible riesgo de acoso, la dirección de los centros abrirá automáticamente el protocolo, aplicará medidas inmediatas de protección al menor y lo comunicará a Inspección y a la familia (con un plazo máximo de 48 horas desde el conocimiento de los hechos).

La Fase 2 comprende la recogida de información y análisis por la comisión de valoración, con entrevistas, recogida de datos, evaluación de la situación de acoso, y toma de decisiones, con un plazo máximo de 15 días naturales, cuando antes podía demorarse hasta un mes.

En lo que respecta a la Fase 3 servirá para la propuesta de medidas y plan de intervención con el alumno acosado, el presunto acosador y grupos de alumnos espectadores. Se derivará, en su caso, a servicios sociales o servicios externos especializados, y se comunicará a la familia y a Inspección.

En la Fase 4 se hará un seguimiento del caso por la comisión de valoración durante el mes siguiente y hasta final de curso para evaluar la idoneidad de las medidas y decidir cierre o continuidad del protocolo.

Además, se está trabajando en la digitalización del procedimiento a través de un tramitador electrónico, que garantizará la protección de datos, así como la comunicación inmediata al equipo de convivencia y la consulta con otros servicios o administraciones en caso de ser necesaria la derivación a otro centro.