Sánchez y Lambán, enredados en un juicio por la «soberanía nacional» en vísperas de las elecciones

Ni una semana duró el esforzado ambiente de cordialidad que Pedro Sánchez y Javier Lambán trataron de escenificar el pasado 2 de febrero en Zaragoza, en el mitin de presentación oficial de Lambán como candidato a la reelección en el Gobierno aragonés. En cuanto pasó aquel fin de semana, los rifirrafes volvieron a hacerse notar a vueltas con la complaciente estrategia desplegada por Sánchez con el independentismo catalán , insistentemente criticada por Lambán . Y poco después, el viernes pasado, Sánchez devolvió el envite con un acuerdo del Consejo de Ministros para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Derechos Históricos aprobada el pasado verano en las Cortes de Aragón por el PSOE junto a la Chunta, Podemos, IU y el PAR.

El pleito se interpone a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas, y atiza la tormentosa relación que arrastran Pedro Sánchez y Javier Lambán desde hace años . En público, el PSOE aragonés afirma que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Sánchez entra dentro de la normalidad institucional del Estado de Derecho. Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno de Aragón han puesto especial hincapié en que «la Ley de Derechos Históricos no ha merecido ninguna conversación entre Javier Lambán y Pedro Sánchez, y tampoco han hablado del tema en la reunión que tuvieron en La Moncloa o en el reciente mitin en Zaragoza».

El pleito de inconstitucionalidad supone, en la práctica, que el Gobierno central del PSOE trata de tumbar la principal ley aprobada por el Gobierno aragonés del socialista Lambán en el marco de sus acuerdos de coalición con los nacionalistas de la Chunta. La Ley de Derechos Históricos, cuyo controvertido contenido de inspiración soberanista destapó ABC el pasado verano , fue promovida por la Chunta y aceptada por los socialistas de Lambán. El PSOE la avaló con sus votos –de lo contrario no habría prosperado- y en torno a ella se sumaron Podemos, IU y el PAR –partido éste que es socio parlamentario del PP-.

Esta ley proclama a Aragón como «nacionalidad» y como «país» de raíz milenaria , de «más de doce siglos de historia». Proclama esta región como un sujeto político que es previo a la existencia de España y sostiene que tiene una «identidad jurídica» propia y diferenciada. «Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento», fruto de unos «derechos históricos del pueblo aragonés» que son «anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía».

Tras la polémica que rodeó a la promulgación de esa ley aragonesa, desde el entorno de Lambán han venido insistiendo en todo momento en que las alusiones a Aragón como «país» no van contra la Constitución y que no pasan de ser una mera declaración de alusión histórica, pero sin efecto jurídico alguno en contra de la soberanía nacional.

La aprobación de aquella ley y los recursos de inconstitucionalidad al que ahora se enfrenta colocan al Gobierno de Pedro Sánchez como defensor de la soberanía nacional, de la unidad de la Patria y de la primacía de la Constitución, que curiosamente es justo el mismo guión utilizado por Javier Lambán desde hace tiempo para criticar las generosas maniobras de Sánchez con el independentismo catalán.

Fuentes próximas a Lambán consideran que es «muy curioso» que el gabinete de Sánchez, «con la trayectoria que acumula con el independentismo», censure la ley aragonesa de Derechos Históricos apelando a que «vulnera los principios de soberanía nacional y constitucionalidad», entre otros aspectos. Unas tesis con las que, en este pleito, el Ejecutivo de Sánchez se pone del lado del PP, que también ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta misma ley. Mientras tanto, las Cortes de Aragón –como institución- han alegado ya ante el Tribunal Constitucional en defensa de esa controvertida ley y sostiene que respeta en todo momento la Constitución y el Estatuto de Autonomía.