El juez mantiene la imputación contra el socialista Arrufat y se acentúa la crisis entre PSOE y Podemos

Arrufat ha sido imputado por unas subvenciones concedidas al Consejo Regulador cuando era presidente de la DPT, ayudas cuya concesión está bajo sospecha por irregular. El fiscal ve indicios de delito en la concesión de esas ayudas públicas y el juez, tras tomarle declaración a Arrufat este lunes durante más de dos horas, ha decidido mantener contra él la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

La imputación de Antonio Arrufat pone en apuros al Gobierno regional del socialista Javier Lambán , que depende del apoyo parlamentario de Podemos . La formación de Pablo Echenique fue la que permitió, con su voto, que Lambán fuera investido presidente de Aragón tras las pasadas elecciones autonómicas de mayo, pese a que no las ganó —la lista más votada fue la del PP—.

Ese voto de Podemos se sustentó en un pacto de investidura que, en su segundo punto, establecía expresamente que debería ser automáticamente suspendido de su puesto cualquier cargo político del Ejecutivo regional que fuera imputado judicialmente.

La semana pasada, cuando se conoció la imputación inicial de Arrufat, Pablo Echenique ya exigió a Lambán que apartara cautelarmente de su cargo a Antonio Arrufat. Desde las filas socialistas, sin embargo, se indicó que no iba a tomar una decisión en ese sentido hasta ver qué ocurría después de que el acusado prestara declaración ante el juez, lo que tuvo lugar este lunes.

El PSOE tenía la esperanza de, tras escucharle, el juez no mantuviera la imputación contra el dirigente socialista turolense. Sin embargo, eso no ha sido así. El juez que instruye el «caso del jamón», Jerónimo Cano de Lasala, ha decidido mantenerlo como imputado mientras sigue la instrucción del caso, en el que hasta el momento hay 17 encausados.

El líder del PSOE turolense y consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, dijo hace escasos días en las Cortes regionales que estaban seguros de que no necesitarían apartar del cargo a Arrufat porque, de mantenerse la imputación, él mismo tomaría la iniciativa de presentar su dimisión.

El problema es que el juez le mantiene como imputado y, pese a ello, Antonio Arrufat no está por la labor de renunciar voluntariamente al puesto de delegado del Gobierno aragonés en la provincia de Teruel. Ayer, tras prestar declaración ante el juez, dejó claro que no iba a dimitir. Así que, para dejar el cargo, la única opción que queda es que sea el Ejecutivo de Lambán el que le destituya. Pero el Gobierno regional se resiste a hacerlo, cuando menos de momento.

Fuentes del PSOE indicaron que en las próximas horas se va a analizar la situación y se decidirá en firme qué se hace. No es descartable que, al final, Lambán opte por prescindir de Arrufat ante la apurada situación política en la que le deja este caso . Podemos ha exigido que se produzca esa destitución y ha advertido que, de lo contrario, el PSOE estará incumpliendo el pacto de investidura que firmó con su partido a finales de junio. Eso dejaría al Gobierno de Javier Lambán al borde del precipicio por su debilidad parlamentaria, sobre todo teniendo en cuenta que, de inmediato, en los próximos días depende de Podemos para sacar adelante su primer proyecto de presupuestos de la legislatura, las cuentas de 2016.

Ante este panorama, y pese a la reticencia del PSOE a tomar medidas contra Arrufat, fuentes del partido han indicado que es probable que al final cedan y destituyan al veterano dirigente turolense del partido, a quien en septiembre le encomendaron coordinar la campaña de los socialistas en la provincia de Teruel para las elecciones generales que tendrán lugar el 20 de diciembre.

Para Podemos, la redacción del punto segundo del pacto de investidura de Lambán no deja género de dudas y obliga expresamente a apartar de su cargo político a quien sea «imputado por supuestos delitos de corrupción» .

En la cúpula del PSOE aragonés —Javier Lambán también es secreteario general del patido en esta Comunidad— creen que la interpretación de ese acuerdo habría que matizarlo y constreñirlo a quienes sean definitivamente imputados cuando se termina la instrucción de un caso judicial y se dictamina la apertura del juicio oral. Y subrayan que Arrufat está imputado todavía en la fase de instrucción de la causa, sin que se hayan sustanciado aún las acusaciones para la celebración del juicio.

Pero esa es una interpretación que Podemos no admite porque —subrayan— ni estaba en la letra ni en el espíritu de lo pactado en junio: se habla de imputación, sin más, al margen de cuál sea el momento procesal en el que se encuentre la causa.