Un coordinador electoral del PSOE, imputado por prevaricación y malversación

Arrufat ha sido llamado a declarar ante el juez para el próximo lunes. Deberá responder por la sospechosa concesión de unas subvenciones al consejo rector de esa D.O. cuando él era presidente de la Diputación de Teruel, en la anterior legislatura. El fiscal del caso ve indicios de delito , ha solicitado por ello la imputación de este dirigente socialista y el juez la ha aceptado al entenderla «debidamente fundada».

Antonio Arrufat fue senador hasta el pasado septiembre, cuando dejó su escaño en la Cámara Alta para ser nombrado por el Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán como nuevo delegado del Ejecutivo regional en Teruel. Su imputación por presunta prevaricación se ha producido cuando lleva menos de dos meses en este nuevo puesto. Podemos ha pedido que cese de forma inmediata o que, en su defecto, el presidente Javier Lambán suspenda de forma fulminante a Arrufat como delegado provincial del Gobierno aragonés. El líder regional de Podemos, Pablo Echenique, ha reclamado que Lambán «actúe inmediatamente» en este sentido y le ha recordado que así queda obligado por el pacto de investidura al que llegó con Podemos tras las elecciones autonómicas de mayo.

Arrufat también es secretario de Organización del PSOE en la provincia de Teruel, desde hace años ejerce como responsable territorial en la preparación de listas y campañas electorales. De hecho, hace unos meses se le encargó precisamente que se encargara de coordinar la campaña para las próximas elecciones generales en la provincia de Teruel.

Arrufat dice estar «tranquilo» tras su imputación en el «caso del jamón», afirma que va a «colaborar con la Justicia» y defiende la legalidad de los trámites de concesión de las subvenciones investigadas.

Junto a este dirigente socialista, el juez también ha imputado al ex diputado provincial del PAR Francisco Abril , también por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, igual que en el caso de Antonio Arrufat. Francisco Abril tendrá que declarar ante el juez el próximo día 13.

En un auto dictado en septiembre, el magistrado Cano de Lasala detallaba la larga lista de indicios de delito penal que concurren en el «caso del jamón». Entre ellos, apunta a que se creó una sociedad para descapitalizar el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) «Jamón de Teruel» y eludir los controles de ese órgano sobre las cuentas de esa entidad de derecho público; el pago sistemático de sobresueldos y donativos sin justificar; uso de dinero del ente para pagos presuntamente privados de responsables del Consejo y personal de dirección; e ilegalidades en la gestión contable. El juez ha apuntado que hubo una « manifiesta corruptela instaurada en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO)» y en la sociedad que éste creó, Promorigen S.L., irregularidades que se habrían extendido también al flujo de fondos públicos que recibió ese organismo.