La aportación tecnológica de Indra a la cátedra de Begoña Gómez costó a la compañía más de 128.000 euros

El magistrado tiene investigada a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación al resultado de esos trabajos, una plataforma digital para que las pymes diagnosticaran su aportación a la transformación de la sociedad, alojada en una web a nombre de Begoña Gómez, quien también contaba con una empresa de denominación análoga y un registro de la marca en la Oficina de Patentes.

En el caso de Indra, su filial Minsait firmó un convenio de colaboración con la cátedra extraordinaria en el año 2022, comprometiendo el desarrollo de «un módulo de valoración» para pymes y otro con recomendaciones de actuación para mejorar sus resultados, pero no participaron «en el despliegue de la primera versión de la plataforma ni en ulteriores desarrollos del producto».

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Era una colaboración altruista que en su escrito al juez, la compañía, una adjudicataria de referencia del Estado, enmarca en su apoyo a «diferentes universidades e instituciones» de diversos ámbitos para la promoción de la sostenibilidad y la captación de talento. Asegura que durante los dos últimos años ha desarrollado proyectos «con más de treinta universidades y cátedras».

De acuerdo a la documentación de la causa a la que tuvo acceso ABC, para la creación de la herramienta, Indra se ocupó de la construcción del «back-end» (el motor que se esconde tras la interfaz que maneja el usuario) de la plataforma software y daba soporte al diseño funcional, Google, que también participaba de manera altruista, se encargaba del «front-end» (lo que ve el usuario) y Telefónica, igualmente sin cobrar, de la algorítmica del sistema, todo bajo dirección de Begoña Gómez y la que era coordinadora de la cátedra, Blanca De Juan.

Lo detalla Deloitte, adjudicataria de un contrato público de la universidad para el desarrollo de la misma iniciativa por importe de 60.000 euros y que igualmente, fue requerida por los servicios jurídicos de la institución educativa para que aportase documentación y explicaciones sobre los trabajos realizados. Subraya, como hace Indra, que tampoco se encargó de rematar el software y que sus tareas lo fueron en una fase anterior relacionada con la arquitectura digital de la herramienta.

Hasta en tres ocasiones hubo de reclamar información la Complutense porque la compañía iba presentando documentos pero no acababa de contestar a sus preguntas. Acaba concretando que el proyecto se desarrollo mediante reuniones en las que estaban presentes de parte de la UCM la propia Begoña Gómez y Blanca De Juan, y de las que no se levantaron actas ni tampoco se conserva más documentación que unas «notas de trabajo» que aportan y un dossier técnico con el paso a paso del proyecto.

Llevan así los caminos a Making Science, la empresa contratada también por cuenta de la cátedra por importe de 24.200 euros igualmente, para la plataforma, y en la que la intervención de la universidad encontró una «irregularidad» por el procedimiento que se había seguido, como recordó al juez el responsable del área jurídica de la UCM durante su declaración como testigo.

Su labor, conforme detalla la empresa, fue el «back-end» del área privada de la plataforma, tanto el desarrollo de la API como el modelo de datos, «en colaboración con el resto de las empresas involucradas en el proyecto» y también, mediante «reuniones».