Anticorrupción concluye que Dolset 'vació' 37,5 millones de sus empresas

Es muy relevante que este es uno de los casos que los autores del intento de soborno a Grinda le exigían que cerrase a cambio de conseguir un destino en el extranjero y que cesase la campaña de acoso contra él que lleva años sufriendo. El fiscal, como adelantó ABC, denunció los hechos el mismo día que ocurrieron, el pasado 27 de febrero, ante su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón. Precisamente otra de las exigencias de la trama era que diese información comprometedora sobre su jefe.

Después de ocho años de instrucción, Anticorrupción considera que hay indicios suficientes de que el polémico empresario, que además aportó documentación de forma subrepticia a la comisión de investigación del Congreso que investiga el atentado yihadista de Las Ramblas para perjudicar a jueces y fiscales que considera enemigos, es responsable de los delitos de fraude de subvenciones, insolvencia punible, blanqueo de capitales, un delito societario y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

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Sostiene, además, que Dolset y el resto de investigados «se apropiaron de una cantidad próxima a los 23,5 millones de euros, cifra que se vio incrementada con alrededor de 14 millones que se distrajeron y apropiaron a través de la falsificación de facturas». Igualmente les considera responsables de un fraude a las Administraciones Públicas de alrededor de 30 millones de euros.

El escrito, presentado por el fiscal José Grinda, al que el empresario ha tratado de destruir su imagen, considera que la actividad presuntamente delictiva de Pérez Dolset se concretó, por una parte, en «detraer patrimonio de 'ZED WorldWide' en su propio beneficio«, y por otra »conseguir también un beneficio personal, falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones de diversas Administraciones Públicas«. Junto a él también pide el procesamiento, entre otros, de los empresarios José Antonio Puértolas, Daniel Arteaga y Álvaro Gómez- Cambronero, con los que actuaba de forma concertada.

En el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso ABC, se explica que «ante la situación de riesgo de insolvencia creada por las actuaciones de los llamados 'accionistas rusos', Javier Pérez Dolset y otras personas de su círculo de confianza iniciaron una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de 'ZED WorldWide' para destinarlos a fines privados, con abuso de las funciones rectoras de la compañía, en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia».

Y añade que «para apoderarse ilícitamente de los capitales procedentes de la actividad de la compañía, las personas investigadas, encabezadas por Javier Pérez Dolset, crearon un entramado societario aparentemente ajeno al 'Grupo ZED', destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados por el delito de insolvencia, con lo que se incrementó la situación de insolvencia económica« del citado grupo.

Para la Fiscalía, la investigación «ha acreditado la existencia de una facturación de empresas del 'Grupo ZED' con sociedades controladas por personas vinculadas laboralmente al grupo. La emisión de estas facturas no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos de dicho grupo, con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset«.

Además, las sociedades objeto de investigación «obtuvieron 48.839.200 euros de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre los años 2011 y 2015. Estos fondos tomaron la forma de subvenciones (4.677.408 euros) y préstamos (44.161.792 euros) y se obtuvieron al amparo de ocho programas de ayudas ofertadas por la referida Secretaría de Estado».

Por su parte, ZED Worldwide y Factory Holdings también «obtuvieron fondos públicos por importe de 6.569.724 euros procedentes de tres programas del Ministerio de Economía los años 2011, 2012 y 2014. Estas ayudas tomaron la forma de subvención directa, por importe de 1.487.616 euros, y préstamos, de 5.082.108 euros«. Además, ZED logró, entre 2013 y 2014, 1.139.580 euros en subvenciones de la Unión Europea »en el marco de tres proyectos presentados y en los que participaba en consorcio con varias empresas europeas y Universidades«.

La Fiscalía afirma que «entre las manipulaciones económicas dirigidas por Javier Pérez Dolset, secundado por su círculo familiar y profesional, se ha constatado un sistema para la obtención masiva de subvenciones, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución. La obtención de ayudas públicas se realizó con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos«.

La deuda originada con las administraciones públicas, según la administración concursal de ZED, alcanza los 28.426.732,72 euros, «a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas».

«La operativa fraudulenta que desarrollaron las mercantiles se basó en la elaboración de memorias justificativas que exponían actividades ficticias adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo. Con este fin, las mercantiles se dotaron de personas que expresamente se encargaban de 'vestir tecnológicamente' los proyectos para que encajasen en la convocatoria publicada en el BOE, así como de realizar las actuaciones necesarias para preparar las memorias justificativas que se remitían a las Administraciones Públicas para la fiscalización del cumplimiento de los parámetros fijados en las resoluciones de convocatorias y concesiones de las respectivas subvenciones. Estas personas estaban integradas en la estructura empresarial de ZED, a las órdenes de Javier Pérez Dolset y se distribuían entre ellos distintos papeles«, escribe el fiscal.

El escrito de Anticorrupción, de 95 páginas, detalla por ejemplo cómo «al menos 10.553.000 euros fueron desviados de cuentas titularizadas por 'Zed Worldwide, S. A'. De ellos, 9.489.000 euros tuvieron como destino una cuenta titulada por 'Wisdom Entertainment, SARL' (una de las sociedades investigadas), y 583.000 euros, el pago de intereses del (préstamo) contratado por Wisdom Entertainment», una firma clave «en el entramado societario que dio lugar a la insolvencia de ZED».

«Es decir -destaca el escrito-, alrededor de 10.500.000 fueron detraídos de ZED WorldWide, S. A., como consecuencia de la actuación conjunta Javier Pérez Dolset y Juan Antonio Pérez», este último «responsable directo de una de las empresas directamente responsables de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental».

Anticorrupción se detiene en cada una de las empresas utilizadas por la supuesta organización criminal creada para detraer patrimonio de ZED y detalla con minuciosidad la operativa utilizada en cada uno de los casos y el papel que jugaba cada uno de los investigados. También relata cómo incluso se utilizaron las indemnizaciones de supuestos despidos de dos de los implicados como una forma más de detraer patrimonio de ZED.