La 'fontanera' Leire Díez también trabajó para desmontar casos de corrupción del PSOE en Andalucía

No fue hasta 84 días después, el 26 de mayo pasado, cuando unos audios publicados por 'El Confidencial' la convirtieron en una celebridad y en el epicentro de un terremoto político que puso al PSOE contra las cuerdas. Eso sucedía pocas semanas antes del zambombazo que supuso para el Gobierno el 'informe Cerdán' de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una reunión grabada se escucha a la ya exmilitante prometer a empresarios y abogados favores de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a cambio de sacar trapos sucios sobre altos mandos de la UCO.

Para algunos de los abogados de los acusados presentes en el juicio sobre la adjudicación del yacimiento minero sevillano, Leire Díez no era un personaje extraño y desconocido antes de saltar al foco mediático por investigar, por su cuenta y riesgo —según su versión— o al servicio de Ferraz, supuestas guerras sucias de la derecha contra miembros de su partido en connivencia con jueces y mandos policiales.

La 'fontanera' del PSOE había establecido contacto con letrados de la defensa a los que preguntaba acerca de instrucciones de macrocausas de corrupción en las que están imputados o acusados decenas de antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

«Ella se presentaba como periodista y me preguntó sobre el caso de los ERE cuando salió la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2019 —que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán—. La impresión que tuve es que quería extraer información sobre esta causa para contársela a un tercero, no sé a quién y tampoco me lo dijo». Lo corrobora a ABC un letrado que pide permanecer en el anonimato. Él, concretamente, recibió varias llamadas de Leire Díaz tras la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia notificada el 19 de noviembre de 2019, que infligió un mazazo moral al PSOE. Un golpe, si cabe, aún más doloroso que la pérdida de la Junta de Andalucía después de más 36 años ininterrumpidos en el poder, tras las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2018.

En estas conversaciones, casi siempre telefónicas, Leire Díez se interesaba por los pormenores de estos procesos y trataba de sonsacarles información que pudiera desacreditar investigaciones instruidas por jueces conocidos como Mercedes Alaya, que abrió la causa de las ayudas fraudulentas de los ERE, o Álvaro Martín, el magistrado que en la pieza principal de este proceso dictó el auto de procesamiento contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía durante 23 años (1990-2013), que lo fueron todo en el PSOE (diputados, ministros y presidentes del PSOE federal) acabaron condenados por la Audiencia de Sevilla con su inhabilitación en el caso de Chaves, y con una pena de seis años de prisión impuesta a Griñán. Su delito fue crear y mantener, entre los años 2000 y 2009, un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió ayudas entre empresas en crisis.

El Supremo ratificó en 2022 la sentencia dictada por los jueces sevillanos el 19 de noviembre de 2019, hasta que la mayoría de magistrados de izquierdas que controla el Tribunal Constitucional rebajó de manera sustancial las condenas a diez ex altos cargos, entre ellos los expresidentes, y ordenó a la Audiencia emitir una nueva resolución ajustada a su doctrina.

El caso ERE no fue el único que atrajo el interés de esta licenciada en Ciencias Sociales y de la Información que asegura que ha estado «años» investigando por libre las «cloacas del Estado» junto al empresario jienense Javier Pérez Dolset. La que fuera directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre febrero de 2022 y principios de 2024, siendo director Juan Manuel Serrano —amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— también movió información entre abogados y periodistas para tratar de desacreditar a Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso convocado por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de la mina de Aznalcóllar en 2015.

La denuncia de esta sociedad, acusación particular en el juicio, dio pie a una investigación penal que fue archivada dos veces porque la instructora no apreciaba indicios de delito. Tampoco la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento hasta en siete ocasiones. Aun así, un tribunal de la Audiencia de Sevilla del que formaba parte la magistrada Mercedes Alaya ordenó la reapertura del caso.

Diez años después de la concesión, ha comenzado el juicio en el que hay 16 acusados, entre ex altos cargos, funcionarios y técnicos que intervinieron en la mesa de contratación y responsables de la empresa Magtel. En este proceso, que contó con la presencia de Leire Díez en la primera vista oral, ésta ha tenido poco margen de maniobra, entre otras razones, porque la instrucción ya estaba avanzada cuando ella trató de airear las sombras que planean sobre Emerita Resources. Esta firma canadiense creada en 2009 está abonada a los conflictos porque no ejecutó las inversiones previstas para extraer minerales en tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria) después de ganar los concursos.

Leire Díez conoció de cerca el fracaso de la reapertura de la mina de zinc existente en el municipio de Reocín, cerca de Torrelavega, cuando era responsable de comunicación del PSOE de Cantabria, liderado por Eva Díaz Tezanos (2012-2017). En el año 2017 Emerita aterrizó en esta región anunciando la creación de más de 2.000 empleos y una inversión superior a los 600 millones de euros. En 2020, después de haber realizado solo seis de los 145 sondeos que había prometido, el Gobierno regional de Miguel Ángel Revilla, que gobernaba en coalición con el PSOE, le denegó la prórroga de los permisos ante el incumplimiento de sus compromisos.

La exafiliada ha negado que trabajara a las órdenes del PSOE, que no ha sido claro sobre su papel. «Ni fontanera ni cobarde», sentenció Díez en una comparecencia sin preguntas que ofreció en un hotel madrileño pocos días después de darse de baja como militante del partido que le había abierto un expediente informativo al trascender sus maniobras. En la sede de Ferraz, donde habló brevemente con el dimitido secretario de Organización, Santos Cerdán, depositó un pendrive con información recopilada sobre la trama de los hidrocarburos que afecta al empresario y comisionista Víctor de Aldama y la llamada policía patriótica durante el Gobierno de Mariano Rajoy.