El Tribunal Supremo desmonta los bulos del PSOE para blanquear el fraude del caso ERE

El relato fáctico de la sentencia de la llamada pieza política del caso, dictada el 19 de noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla –ratificada después por el Tribunal Supremo–, expone que la Junta, en la etapa del PSOE, dispuso de un fondo de casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009 para apagar los conflictos laborales, así como otras derramas y compromisos políticos que nada tenían que ver con los fines del programa. El dinero público se repartía sin ningún control ni límite presupuestario.

Cinco años después, la Sala de lo Penal del Supremo acaba de corroborar el cúmulo de «llamativas ilegalidades» —así las califica— que rodeaban el sistema de ayudas. Es la primera sentencia que emite después de que el Tribunal Constitucional (TC) acotara el perímetro de las responsabilidades penales de los políticos. La mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE que componen dicho órgano ha anulado parcialmente las penas de inhabilitación y/o prisión a los 19 ex altos cargos autonómicos condenados, entre otros, a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, bajo el argumento de que se han quebrantado sus derechos fundamentales.

«No les importó encarcelar a inocentes, víctimas, con un montaje despiadado, que finalmente el TC ha desvelado», escribió en la red social X el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, tras la revisión de este tribunal.

Sin esperar a que la Audiencia redacte las sentencias definitivas, el PSOE andaluz se ha agarrado al clavo ardiendo del TC y, a los análisis de determinados medios de comunicación, para poner en circulación un nuevo relato fáctico que niega el fraude o lo reduce a su mínima expresión.

Ni siquiera el tribunal presidido por alguien tan marcado políticamente como el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido ha borrado todos los delitos de prevaricación y malversación que pesan sobre los acusados. De hecho, ha encomendado a la Audiencia de Sevilla que dicte nuevas sentencias acordes con sus nuevos criterios de legalidad que, por cierto, ninguno de los 18 jueces anteriores que han instruido, juzgado o sentenciado distintas piezas de esta macrocausa habían apreciado antes durante más de trece años de recorrido judicial de los ERE.

El TC ha fijado la doctrina de que las ayudas concedidas entre 2002 y 2009 estaban amparadas bajo el manto de las leyes de presupuestos de la Junta aprobadas por el Parlamento andaluz, que recogían una partida específica para ellas. Pero salvo el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, ninguno ha salido limpio de polvo y paja tras este giro de guion.

En su última sentencia dictada el pasado 29 de noviembre, referida a la ayuda de 2,9 millones de euros concedida a Acyco, el Supremo recuerda a los condenados que la nueva doctrina no implica una absolución general ni tampoco niega la malversación de fondos públicos. El TC «deja abierta la posibilidad de análisis de cada una de las ayudas concedidas». «La aplicación de los caudales a fines no previstos en el programa 31L carecía de cobertura en las leyes de presupuestos», aclara esta sala.

«Me remito a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional: no hubo una trama para hacer un fraude». Durante una rueda de prensa el pasado mes de julio que sirvió para escenificar su rehabilitación social y política en la sede regional de su antiguo partido, Manuel Chaves resumió con esta frase la narrativa alternativa del PSOE sobre el fraude. La primera sentencia de 2019 estableció —y el TC no lo rebate— que, sin la intervención de todos los condenados «hubiera sido imposible» que la Consejería de Empleo de la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo, hubiera dispuesto de fondos para conceder y pagar ayudas a través de un ente autonómico externo, el IFA/IDEA, sin la tramitación del correspondiente expediente que permitiese acreditar, no ya sólo el fin público o social del destino de las cantidades concedidas, sino que, justificado éste, se hubieran aplicado los fondos al mismo.

El Supremo, en su última resolución sobre Acyco, desarma la tesis del PSOE recurriendo al relato de hechos probados recogido en las sentencias anteriores: «El sistema, tal y como estaba concebido y diseñado, se orientaba a posibilitar la disposición indebida de fondos públicos en favor de los particulares». «Sin una actuación conjunta y coordinada de funcionarios y autoridades, por un lado, y de los particulares, por otro, no se hubieran podido llevar a cabo los hechos», añade.

La trama política no es ciencia ficción judicial. «Hay un grupo de personas que por su posición institucional intervinieron en el diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema de presupuestación que dio lugar a la concesión de ayudas al margen de los procedimientos legales establecidos», argumenta la sentencia redactada por el magistrado ponente Juan Ramón Berdugo.

«Las ayudas concedidas a trabajadores, que aún se siguen pagando, no podían ser ilegales», asegura Manuel Pezzi. El Supremo, en cambio, señala que hasta el año 2011 no se dictó «como era lo debido» una regulación de las subvenciones a través de una orden y de un posterior decreto en abril de 2012 que fijó por primera vez unas «bases reguladoras de las ayudas sociolaborales» y eliminó a los intermediarios. Hasta ese momento, la Junta no dio la vuelta como un calcetín al procedimiento que se seguía para abonar los fondos.

El erario público asumía «unos compromisos que correspondían a la empresa beneficiada», ilustra el Supremo. Para más señas de que el favor se le hacía a las sociedades, el abogado que tuvo la iniciativa de que las ayudas se canalizaran a través de asociaciones de trabajadores ha sido condenado a cuatro años de cárcel en Acyco.

«El Supremo confirma la legalidad de las ayudas de los ERE», escribió el pasado domingo el consejero del PSOE en la RTVA Miguel Ángel Vázquez en su cuenta de X. «Que el sistema de ayudas articulado desde la Junta de Andalucía y, específicamente, desde la Dirección General de Trabajo, estuviese en funcionamiento durante aquellos años, no conlleva que no fuese irregular, e incluso ilícito», precisa la referida sentencia del Supremo.

Para que no quepa duda, este tribunal hace una relación «de las ilegalidades más llamativas» que envuelven el sistema de ayudas no sólo en el caso de Acyco, sino con carácter general. Enumera hasta 22 «deficiencias» o «incumplimientos» que figuran como hechos probados. «No hay, por supuesto, ningún tipo de convocatoria pública, con presupuestos de concesión ni criterio objetivo de selección» de los beneficiarios, «en detrimento de otras empresas y trabajadores en situaciones similares», detalla.

Un total de 120.829 trabajadores andaluces estuvieron afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía entre los años 2000 y 2009, pero sólo 6.300 recibieron ayudas porque el resto de empleados ignoraba que existiera tal programa dado que no había una convocatoria pública de las subvenciones.

No hay solicitud de la ayuda, ni resolución, ni publicación en un boletín oficial, ni se anota en la base de datos de subvenciones, prosigue. Hay una «ausencia de procedimiento legal» para canalizar los fondos, se beneficia a falsos trabajadores y se pagan comisiones a intermediarios escogidos arbitrariamente.

Aunque el Constitucional ha señalado que el sistema de ayudas se amparaba «en normas con rango de ley, cuya constitucionalidad no fue cuestionada», el Supremo hace constar que éste «era, cuando menos, discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público».