El Tribunal Constitucional admite el recurso de la Junta de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas

En el epicentro de este conflicto se sitúa Juan Carlos Campo, que ha sido diputado del PSOE por Cádiz, ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y que ahora ha recalado como magistrado en el Tribunal Constitucional. Campo ha sido el ponente que ha evaluado en nombre de este órgano la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta contra el impuesto. En principio, estará en vigor durante dos ejercicios, aunque el Gobierno no descarta convertirlo en estructural.

El nuevo tributo ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez sólo se aplica en aquellos territorios que han rebajado al máximo el Impuesto sobre el Patrimonio o contemplan tipos inferiores a los anunciados para el gravamen de las grandes fortunas. Es lo que sucede en Madrid o Andalucía, donde desde el pasado mes de septiembre el tributo que gravaba la riqueza está bonificado al 100 por 100, pero también en Galicia, que ha ampliado la rebaja desde el 25% al 50% este año.

El tribunal alude a su doctrina para no dejar en suspenso la norma. El Gobierno regional del PP acudió al TC porque entendía que se trataba un «impuesto contra Andalucía». Se ha aprobado justo cuando el Gobierno autonómico había decidido eliminar el Impuesto de Patrimonio, por lo que los andaluces de rentas más altas tendrán que pagarlo de todos modos. Se cobra a contribuyentes con un patrimonio valorado en más de tres millones de euros (3,7 millones, añadiendo el mínimo exento) durante 2023 y 2024, aunque el Ministerio de Hacienda, en manos de la sevillana María Jesús Montero, no cierra la puerta a una prórroga.

En este escenario, la Junta de Andalucía presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra su aplicación. La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, argumentó que el Gobierno central incurre en «una invasión de competencias» y comete un «ataque frontal a la autonomía financiera de las comunidades autónomas», en este caso de Andalucía, con la creación de dicho impuesto.

Para la Junta, la citada ley podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como la infracción del derecho de representación política (artículo 23.2 de la Constitución Española), del principio de lealtad constitucional e institucional (artículo 2.1.g de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas) y del principio de seguridad jurídica (9.3 de la Constitución).

El Constitucional no se pronunciará en breve, sino probablemente dentro de varios meses. Y esa espera es lo que más preocupa ahora al Gobierno andaluz. Tras conocer la admisión a trámite de su impugnación, la Junta reclama al TC que «supla» su negativa a tomar medidas cautelares con «una resolución rápida» para propiciar «seguridad jurídica» a la demanda de fondo de la Junta de Andalucía.

La consejera Carolina España ha aclarado este martes que desde el Ejecutivo regional «no hemos recusado» al ponente, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, aunque sí abundó en las dudas que su designación genera por su pasado como diputado socialista y por haber desempeñado cargos en la Junta de Andalucía y el Gobierno.